La terna de candidatos para presidir la Sala de lo Penal de la Audiencia

En su destino actual, la sección cuarta de la Audiencia, su visibilidad es menor, pero durante su paso por el juzgado Central número 3, Teresa Palacios acaparaba titulares por sus investigaciones de grandes delitos económicos. Esta magistrada de la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura —la que más años lleva destinada en la Audiencia de los siete candidatos— se atrevió a imputar al presidente del Santander, Emilio Botín, en el caso de las cesiones de crédito, aunque el Supremo archivó el caso al considerar que la acusación popular no podía impulsarlo sin el apoyo del fiscal. También fue la instructora del caso Gescartera, el fraude de la agencia de valores que afectó a varios cargos del PP. Al final, ninguno de ellos resultó condenado en el juicio.

Fernando Grande-Marlaska llegó a la Audiencia Nacional en 2006, procedente de la Audiencia de Bizkaia. Sustituyó a Baltasar Garzón durante su estancia en la Universidad de Nueva York y desde su juzgado prosiguió la lucha iniciada por aquél contra el entorno social y político de ETA. Marlaska fue quien inició la investigación del caso Faisán, el chivatazo policial al aparato de extorsión de la banda, supuestamente organizado por el exdirector de la Policía Víctor García Hidalgo y dos mandos policiales. A la vuelta de Garzón, quedó adscrito a la Sala Penal, desde donde saltó al juzgado Central de Instrucción 3. Desde su puesto intentó archivar el caso de las falsas identificaciones de los 62 militares fallecidos en el Yak-42, pero la Sala, finalmente, condenó a los cargos implicados.

Javier Gómez Bermúdez, actual presidente de la Sala, llegó al cargo con los únicos votos de los vocales propuestos por el PP en el anterior Consejo del Poder Judicial. Su éxito más reconocido fue la organización del juicio del 11-M, que presidió con mano de hierro. Pero la sentencia en ese caso le granjeó enemistades entre medios y sectores conservadores, al desterrar las teorías conspirativas lanzadas por algunos miembros de ese partido. Su impopularidad en ese sector creció con su actuación en el caso Faisán, al decidir que fuera el pleno y no la sección segunda de la Audiencia el que decidiera sobre el procesamiento de tres cargos policiales de Interior durante el Gobierno de Zapatero. Antes de presidir la Sala ocupó el cargo de juez Central de Menores y de Vigilancia Penitenciaria.