Más acuerdo del que aparentan

La proximidad de las elecciones vascas está enrareciendo el clima político en Euskadi con un fuerte enfrentamiento entre el líder del PNV, Iñigo Urkullu, y el lehendakari, el socialista Patxi López. Pese a todo, PNV, PSE y PP vasco, así como el Gobierno central de Mariano Rajoy y el Ejecutivo de Patxi López, tienen más voluntad de acuerdo de lo que aparentan sobre el reto político más importante de Euskadi: la gestión del final de ETA.

Los tres partidos coinciden en un punto clave: la decisión del cese definitivo de la violencia por parte de ETA el 20 de octubre marca un antes y un después, en línea con la opinión mayoritaria de la sociedad vasca. Más del 75% de los vascos opina que ETA ha terminado definitivamente, según una encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) de noviembre.

También coinciden en que, una vez verificado el cese definitivo de la violencia de ETA, se dan las condiciones para que el Gobierno vaya eliminando las medidas extraordinarias que, en aras de la política antiterrorista, se ha aplicado a los presos etarras y, de ese modo, contribuir a consolidar ese final. Así consta en el Pacto de Ajuria Enea de 1988 y en el Antiterrorista de 2000, suscritos ambos por el PP, como recordó el presidente del PNV, Iñigo Urkullu, a un Rajoy muy receptivo, en su reciente encuentro en La Moncloa.

Los tres partidos coinciden también en su pretensión de que los movimientos que hagan las instituciones y el Gobierno para consolidar el fin de la violencia no los capitalice políticamente la izquierda abertzale ni tampoco generen una convulsión en los sectores más conservadores, incluidas algunas asociaciones de víctimas del terrorismo.

Las tres formaciones convergen también en la idea de conceder un margen de discreción y tiempo al Gobierno. En este sentido, a la estrategia del Ejecutivo le convendría un pacto entre los partidos vascos que le sirva de cobertura política para envolver su actuación en este campo.

Antonio Basagoiti, el líder del PP vasco, es el que más insiste en la necesidad de ese pacto político, que tendría varias vertientes. En primer lugar, solicitar a la izquierda abertzale que pida a ETA su disolución, así como mantener la exigencia a ambas organizaciones de que reconozcan el daño causado a las víctimas.

Junto a ello, pretende hacer hincapié en el prestigio de las instituciones, en deslegitimar la violencia y en el reconocimiento de las víctimas del terrorismo. La próxima creación del Centro de la Memoria en Euskadi, anunciado hace dos semanas por el ministro del Interior, Jorge Fernández, será otro paso en esa dirección. En ese mismo paquete iría la eliminación progresiva de las medidas extraordinarias aplicadas a los presos de ETA.

Tanto el lehendakari, Patxi López, como el líder del PNV, Iñigo Urkullu, están de acuerdo en líneas generales con las propuestas de Basagoiti como una especie de hoja de ruta del final de ETA que sirva al Gobierno de Rajoy como cobertura política.

Pero Urkullu no quiere que se escriba ni se escenifique ese pacto —“es de cara a la galería”, dijo el jueves en Madrid—, sino que se lleve a la práctica discretamente. Objetó que no debía marginarse a la izquierda abertzale y se ofreció como puente.

La izquierda abertzale tiene asumido, a su vez, que el proceso será lento. Tiene previsto avanzar en el reconocimiento del daño causado, igual que ETA. Pero no acepta la vía Nanclares —el arrepentimiento individual— por la que ha empezado a apostar el Gobierno de Rajoy.