División en el PP

El apoyo explícito del ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, al matrimonio homosexual ha provocado una marejada dentro de su propio partido, contrario a la norma que lo permite. Al exalcalde de Madrid le han replicado inmediatamente el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, el de Industria, José Manuel Soria, y la de Sanidad, Ana Mato. Los tres han recordado que el PP recurrió las bodas gais por dudar de su constitucionalidad y que esperan el veredicto del Tribunal Constitucional. Para avivar la polémica, el portavoz del PP en el Congreso, Alfonso Alonso, se ha alineado con Ruiz-Gallardón asegurando que, como él, a nivel personal, es partidario de ese derecho reconocido por ley en 2005.

La división interna en el PP sobre este asunto no es una novedad. El propio Ruiz-Gallardón la había puesto de manifiesto estando en la oposición cuando casó a parejas homosexuales. Una vez que los populares han accedido al poder, la resonancia de sus discrepancias se acrecienta inevitablemente y estas dejan al descubierto la estrategia agitadora en la que se había instalado el PP para erosionar al Gobierno socialista. Con Federico Trillo como ariete en la defensa de los valores más reaccionarios y cabeza de puente con la Conferencia Episcopal, el Partido Popular deploró primero las uniones de hecho para abrazarlas después, rechazó la posibilidad de que las parejas homosexuales pudieran adoptar hijos y, finalmente, recurrió al Constitucional simplemente por considerar que la palabra matrimonio no era la adecuada para una institución que tradicionalmente solo se había utilizado para parejas heterosexuales. Un problema, en definitiva, de denominación difícilmente impugnable por vulneración de derechos. Esa estrategia se vuelve ahora contra el Gobierno, obligado a tomar una decisión sobre un asunto que carece de consenso en el PP: o derogar el matrimonio homosexual incluso si el Constitucional lo da por válido, algo que Rajoy no ha querido nunca descartar con claridad, o atenerse al veredicto de los jueces, lo que desean tanto Gallardón como Alonso, y desairar al sector social más conservador que el PP ha utilizado en su estrategia de acoso.

El titular de Justicia ha revestido esa falta de consenso esgrimiendo un argumento discutible. Según Ruiz-Gallardón, mientras que es imperativo aguardar el fallo del Constitucional para el matrimonio gay, no es necesario hacer lo propio para la ley del aborto (que el PP quiere derogar) porque sobre ella, dice, el alto tribunal ya se ha pronunciado. El Constitucional puso reparos a la ley de 1985 y a la Ley de Reproducción Asistida de 1989. En ambos casos, el PP recurrió en reclamación del derecho del no nacido y ambas normas se adaptaron al fallo judicial. Esgrimir ahora que la ley de plazos de 2010 vulnera el derecho del feto es la interpretación del ministro de Justicia y de su partido, pero no, que se sepa todavía, la del Constitucional.