Interior impulsa la 'vía Nanclares' con un tercer grado a un recluso de ETA

El nuevo Gobierno ha pasado de la palabra a los hechos en el apoyo a la denominada vía Nanclares para los presos de ETA, que implica la concesión de beneficios penitenciarios solo a aquellos que rechacen la violencia y pidan perdón a las víctimas, una política iniciada e impulsada por el anterior Ejecutivo socialista. El ministerio del Interior, Jorge Fernández Díaz, dio ayer el primer paso en esta dirección concediendo el tercer grado penitenciario a José Manuel Fernández Pérez de Nanclares, preso en Basauri (Bizkaia), de 59 años, que ha cumplido con los requisitos que exige el Código Penal para presos por terrorismo al igual que otra veintena de reclusos de la banda que también cumplen pena en prisiones del País Vasco —la mayoría en Zaballa (Álava), pero algunos en Basauri y otros en Martutene (Gipuzkoa) —. En estos momentos son 22, según indica Interior. Una minoría dentro de los presos de ETA. En total hay más de 550 reclusos de la banda en cárceles españolas, casi todos fieles a las consignas del colectivo oficial que prohíbe expresamente acogerse a estas medidas.

El mensaje político es claro. Por el momento, solo aquellos que estén dispuestos a cumplir con la ley de forma individual podrán acceder a beneficios. Estos tendrán su recompensa y los que sigan las consignas de la banda no obtendrán, por ahora, nada. El ministro ya habló, en su primera comparecencia ante la comisión de Interior del Congreso de los Diputados, de que sería “generoso” con los presos siempre y cuando estuvieran dentro de lo que marca la ley. Cuestión distinta son los acercamientos de los reclusos a prisiones del País Vasco, uno de los temas que centra el debate político en torno al final de ETA y en el que el Gobierno tiene las manos totalmente libres para actuar de la manera que considere conveniente.

Fernández Pérez de Nanclares, que cumple condena desde mayo de 1992 y al que se le aplicó la doctrina Parot —por la que su pena no se extinguirá hasta 2022—, había pasado por todos los pasos previos al tercer grado: permisos de salida de 36 días al año y más tarde la aplicación del artículo 100.2 del reglamento penitenciario, desde diciembre de 2010, que le permitía salir de la cárcel de lunes a viernes para estudiar o trabajar. Ahora ha llegado el tercer grado, con el que podrá salir a diario de prisión. Un paso imprescindible para que se pueda conceder más adelante la libertad condicional.

El preso, detenido en mayo de 1992 por colaborar con el comando Vizcaya y condenado a 41 años de cárcel, había sido cómplice de un atentado contra el guardia civil José San Martín Bretón al dar cobijo en su casa al asesino, Javier Martínez Izaguirre. Los agentes, además, hallaron en su chalé un zulo dispuesto para albergar a un secuestrado.

Está totalmente desvinculado de ETA. Se apartó de la banda formalmente y “por voluntad propia” en enero de 2010 y la banda lo “expulsó” en abril de ese mismo año. “Su disidencia pública con la organización terrorista y su integración en la denominada vía Nanclares, de activa confrontación con la disciplina de la organización, evidencian el abandono de los fines y medios terroristas”, argumenta Interior para explicar las razones del tercer grado. “En definitiva, esta decisión supone el impulso de una política de reinserción individualizada de los presos de ETA, tal y como establece la ley penitenciaria”. El juez de vigilancia penitenciaria de la Audiencia Nacional, José Luis de Castro, en un auto de finales de 2010, aseguraba: “Es una persona distinta a la que entró en prisión y ha mostrado un rechazo absoluto a la violencia y unas convicciones personales y morales firmes y sólidas”.

En estos momentos, dentro de los reclusos de la banda en Euskadi, hay dos más en tercer grado. Fernando de Luis Astarloa, que accedió al tercer grado en octubre de 2011, y Miguel Simón Ruiz de Eguilaz Bengoa, que lo obtuvo años antes de la política de acercamientos de la vía Nanclares, en 1999. Otra decena de presos pueden salir de prisión de lunes a viernes para trabajar o estudiar en aplicación del artículo 100.2 del reglamento penitenciario. Además, en las prisiones vascas hay otra decena de presos a los que también se les permite salir, pero por razones de enfermedad, no por una desvinculación explícita de la violencia.