¿Una sentencia prevaricadora?

El juez Baltasar Garzón, cuyo trabajo de investigación permitió desarticular el crimen de Estado de los GAL durante el mandato socialista, las redes de narcotráfico más poderosas, el entramado que alimentaba a ETA, algunas de las células del terrorismo islamista más peligrosas que operaban en España y la red de corrupción masiva más extensa vinculada al PP, ha sido condenado por siete magistrados del Supremo a 11 años de inhabilitación por prevaricar al ordenar grabar las conversaciones de los jefes de la red Gürtel con sus abogados en la cárcel.

Las órdenes para intervenir esas conversaciones que le han retirado de la carrera judicial fueron avaladas por la Fiscalía Anticorrupción, que investigaba la extensa trama corrupta; por el juez Antonio Pedreira, que retomó el caso cuando Garzón se inhibió por la participación en los hechos delictivos de numerosos cargos públicos del Partido Popular: por el magistrado José Manuel Suárez Robledano, que firmó un voto particular cuando otros dos jueces decidieron anular esas escuchas por considerar que se había vulnerado el derecho de defensa de los corruptos.

Pero ni los fiscales, ni el juez Pedreira ni el magistrado Robledano cometieron un delito de prevaricación. Simplemente entendieron que el Estado de derecho y la legislación vigente permitía la intervención de las comunicaciones de los corruptos cuando hablaban con sus abogados en la cárcel. En esas comunicaciones, entre otros detalles, se trazaron planes para evitar que la Justicia alcanzara el dinero que los corruptos habían acumulado como consecuencia de su rapiña en colaboración con dirigentes del PP.

La investigación judicial que Garzón desarrolló entre agosto de 2008 y marzo de 2009, dejó fuera de juego a dos decenas de políticos del PP (alcaldes, diputados autonómicos, consejeros, directores generales…) cuyas prácticas corruptas quedaron demostradas gracias a los hallazgos de la policía dirigida por el juez de la Audiencia Nacional.

Siete magistrados del Tribunal Supremo han decidido ahora que Garzón sabía, cuando estaba ordenando las escuchas en la cárcel de los jefes de la trama corrupta, que era ilegal y por tanto, estaba dictando una resolución injusta a sabiendas. Y eso que durante el desarrollo de la causa abierta a Garzón nadie ha acreditado que al juez le advirtieran en ningún momento que su práctica era ilegal. Y eso pese a que otros jueces han defendido la legalidad de las escuchas. Alguien se podría preguntar si los siete magistrados del Supremo sabían, cuando estaban dictando la sentencia condenatoria, que se trataba de una resolución injusta a sabiendas. En ese caso, alguien podría pensar que se trata de la primera condena prevaricadora de la historia.