Las víctimas del franquismo exigen su derecho a saber sin afán de venganza

“No tengo afán de venganza, pero quiero saber la verdad”. Cuatro testigos de otras tantas asociaciones de la Memoria Histórica que declararon ayer en el juicio que sigue el Tribunal Supremo contra el juez Baltasar Garzón lamentaron que todo el mundo “haya mirado para otro lado” en los últimos 75 años, en palabras de Olga Alcega, la primera en declarar. El juicio al magistrado que intentó investigar sus denuncias se ha convertido en la principal tribuna de sus reivindicaciones.

Alcega, de la asociación de familiares de fusilados de Navarra, dijo que en su comunidad quedan 3.452 desaparecidos a día de doy. “En Navarra todos los desaparecidos desde el 18 de julio siguen desaparecidos. Yo soy nieta de Antonio Alcega, un cartero que estaba cuidando sus vacas y se lo llevó la Guardia Civil hace 74 años y unos meses. Le trasladaron a Magallón y le dieron el tiro en la cabeza”.

“En la fosa común donde lo enterraron había 79 hombres y dos mujeres de 17 municipios diferentes. Los asesinaron descaradamente. A mi abuela nunca le dieron ninguna ayuda. Les quitaron todo”, siguió la testigo.

Alcega aseguró que ha habido “75 años de olvido”, en los que “todo el mundo ha mirado para otro lado, las Administraciones, la justicia y la sociedad”. “En según qué zonas de España, aún se tiene mucho miedo”, prosiguió. “[Los asesinados] Están tirados en campos y cunetas como perros, los restos deben estar en los cementerios”. Presentó su denuncia para “saber la verdad” y que su abuelo “quede limpio”.

Rafael Espino Navarro, de la asociación para la Recuperación de Aguilar de la Frontera (Córdoba), tiene entre sus familiares a siete desaparecidos, incluido su bisabuelo, exalcalde socialista. El objetivo de su denuncia era conocer el paradero de los 108 desaparecidos en el pueblo desde el 18 de julio de 1936 hasta finales de septiembre de ese año. Consiguieron el testimonio de una persona que hoy tiene 98 años y que presenció los asesinatos, y así confirmaron la existencia de fosas. En mayo de 2010 realizaron una primera exhumación de 55 cuerpos, siete de ellos de mujeres. Los restos presentaban “tiros en la nuca, estaban maniatados con alambres e incluso calcinados. Si la Justicia no interviene, no podremos saber cuántas personas quedan en esas fosas”, concluyó.

“Si los jueces no intervienen, no sabremos cuántos quedan en las fosas”

Manuel Perona Medina, preside la asociación de Cataluña, que fue de las primeras en denunciar las desapariciones, en diciembre de 2006. Lo hicieron por encargo del nieto de uno de los ocho desaparecidos de Manresa (Barcelona). “Fueron sacados de una prisión por la Guardia Civil o por paramilitares, y en el viaje a Barcelona desaparecieron. No han podido ser localizados”. Su asociación tiene un censo de 1.900 desaparecidos en Cataluña.

Pedro Fausto Canales Bermejo, de la asociación de Valladolid, es hijo de uno de los 10 desaparecidos que se llevó de Pajares de Adaja (Ávila) un grupo de falangistas. Ni durante la dictadura ni en la Transición se dieron condiciones para localizar restos de fosas, por lo que solo después de jubilarse pudo dedicarse plenamente a la búsqueda de su padre.

Según relató Canales, él tenía dos años y dormía en una cuna la noche que se llevaron a su padre. Les fusilaron en el término de Aldeaseca, a unos 20 kilómetros.

“El 23 de marzo de 1959, una semana antes de inaugurarse el monumento del Valle de los Caídos, en una exhumación de restos sin nuestro conocimiento, los llevaron a ese sitio. Sus restos estarían en la caja 198 en el Valle de los Caídos. Hemos intentado recuperarlos, pero no ha sido posible”.

La prueba testifical concluirá hoy con la declaración de otros tres testigos de Garzón, y, tras la documental, quizá pueda dar tiempo a la presentación de los informes finales.