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El negocio más redondo

Entre 150 y 200 millones pagó el Gobierno andaluz de los fondos públicos en comisiones como costes extraordinarios, según cálculos del PP

Los protagonistas del caso de los ERE tienen un elemento común: la codicia. Las cifras dan vértigo al observar los beneficios ilícitos que lograron las consultoras a través de comisiones de hasta el 25% en expedientes millonarios. La intermediación fue el gran negocio gracias a la generosidad de la Junta de Andalucía, que permitió un nulo control sobre los desorbitados márgenes que aplicaban las consultoras a los ERE en “gastos externos”, un dinero repartido entre intermediarios, sindicalistas y abogados. Entre 150 y 200 millones pagó el Gobierno andaluz de los fondos públicos en comisiones como costes extraordinarios, según cálculos del PP, que eleva el porcentaje hasta el 29%. Las centrales sindicales no se han quedado atrás en el reparto del pastel. Un ejemplo: el expediente de Delphi, subvencionado con 150 millones para unos 900 trabajadores, fijaba para

CC OO y UGT una comisión de un millón para cada uno. Al margen del circuito oficial y sin desglose entre las aseguradoras y la Dirección General de Trabajo, existía otro circuito real donde las consultoras detallaban su minuta y la de sus intermediarios. Y la mordida era espectacular. Los documentos intervenidos por los investigadores en la sede de la consultora Vitalia revelan tajadas abusivas de hasta un 25%, cuando la media del sector se sitúa entre el 1% y el 3%. Además, la juez Mercedes Alaya destaca cómo Vitalia no estaba autorizada para actuar como correduría de seguros ni para cobrar esos “sobrecostes”. La Junta pagó 1,7 millones en comisiones para el ERE de la empresa pública Egmasa. La Consejería de Empleo pactó con Vitalia un 11% de gastos externos, a pesar de que la empresa afectada pertenece a la propia Administración. ¿Necesitaba la Junta contratar a un intermediario para encontrar a la mejor aseguradora del mercado y así gestionar a buen precio un ERE? La respuesta es no. Casi todos los expedientes presentados a la Junta durante la época de vacas gordas contaron con financiación pública. “Las empresas se captaban a través de la información que facilitaban los sindicatos. No había criterio para ser financiado, sino captación de empresas objetivo”, aseguran fuentes del caso. Al margen de encontrar una aseguradora, la función de las consultoras era garantizar una renta durante los años que le restan al prejubilado hasta su jubilación.

En el centro de estos abusos está Vitalia, del grupo Eurobank, y cuyo exdirector Antonio Albarracín y el delegado en Andalucía Jesús Bordallo están imputados. Ahora la Junta pretende que estas enormes comisiones sean devueltas y ha preguntado a las aseguradoras los porcentajes que en su día abonaron a las consultoras. Eurobank apostó los fondos andaluces en bonos basura. Parte del dinero público previsto para prejubilados de empresas en crisis acabó invertido en el ladrillo en Rumanía, Brasil y la República Dominicana. La crisis hizo despertar a los ilusos y destapó una trama urdida desde Eurobank, que atañe a empresarios imputados en otras causas como Eduardo Pascual y María Vaqué. También está imputado José González Mata, responsable de la consultora Uniter, mediadora en los ERE de reconversiones industriales andaluzas. O