Rajoy consagra el déficit cero y rompe el pacto constitucional con el PSOE

No fue ni mucho menos el mensaje central de la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros. Es más, Cristóbal Montoro, responsable de Hacienda, lo leyó de pasada. Él estaba concentrado en demostrar firmeza frente a las autonomías y en amenazar con intervenirlas si no reducen su déficit. Pero el ministro de Economía, Luis de Guindos, sí lo vendió en Davos (Suiza), donde casi todo se dice para los mercados como lo que es: un bombazo incluido por sorpresa en la ley de estabilidad financiera, aprobada ayer en un Consejo de Ministros en el que Guindos no estuvo. El Gobierno ha decidido ir mucho más allá de lo previsto. Incluso más lejos que la Unión Europea. Y ha aprobado un texto que implica sancionar no ya la estabilidad presupuestaria —años de superávit que equilibran a los de déficit— que había pactado con el PSOE; sino el déficit cero, una vieja aspiración de los liberales del PP.

La Unión Europea acepta un déficit estructural del 0,5%. PSOE y PP pactaron en agosto un déficit estructural en España más bajo: el 0,4%, siempre a partir del 2020. Alfredo Pérez Rubalcaba, presionado por la izquierda y con una elecciones en ciernes, logró entonces que no hubiera ninguna cifra en aquella reforma exprés de la Constitución. Se pactó que una ley orgánica —la que se aprobó ayer— desarrollaría el pacto para fijar un déficit del 0,4%. Pero ayer, por sorpresa, el Gobierno incluyó un párrafo que dice algo muy distinto a lo que se planteó en el pacto constitucional. Allí se firmó que solo los ayuntamentos irían a déficit cero, mientras el Estado podía ir hasta 2,6 y las comunidades a 1,4. El texto aprobado ayer es muy claro: “Todas las administraciones públicas deberán presentar equilibrio o superávit computado en términos SEC (Sistema Europeo de Cuentas). Ninguna podrá incurrir en déficit estructural”. Esto es, déficit cero para todas. El límite del 0,4% solo se podrá alcanzar, dice el texto, “en caso de reformas estructurales con efectos presupuestarios a largo plazo”. Nada de esto estaba en el pacto. Y por último dice: “También se podrá presentar déficit estructural en situaciones excepcionales (catástrofes naturales, recesión económica o situación de emergencia extraordinaria)”. El pacto PSOE-PP partía de ese 0,4%, ahora solo se justifica con situaciones muy excepcionales.

Valeriano Gómez, del PSOE, es tajante: “No nos ha gustado nada. A la espera de conocer el texto definitivo —solo se hizo pública la referencia que la resume pero no la ley— esto va mucho más allá del pacto que alcanzamos y se acerca al déficit cero que nosotros no apoyamos”.

El Gobierno retendrá el 0,2% del PIB de autonomías que no cumplan

Y sin embargo, mientras Guindos lo vendía ante el mundo financiero en Davos como una decisión drástica para “lanzar una señal a los mercados”, Montoro lo explicaba en La Moncloa como algo normal “fruto del pacto PSOE-PP al que ahora se intentará sumar a otros grupos”. Soraya Sáenz de Santamaría incluso anunció que se iniciarán los contactos con otras formaciones —el socio preferente es CiU— como si lo del PSOE estuviera hecho. No es así.

Montoro incidió ayer en las sanciones a las comunidades, con la posibilidad de que una delegación de sus técnicos del Ministerio las “visite” cuando incumplan su objetivo. El ministro lo comparó con lo que hace la Unión Europea con países en problemas, como Grecia: “Se presenta allí la llamada troika y la visita no es amable. Es una forma de intervención. Se pone los deberes y se trabaja en paralelo”.

No es el único mecanismo de presión. También se podrá retener en las arcas del Estado un 0,2% del PIB de esa comunidad a modo de aviso. Si persiste el incumplimiento seis meses, ese dinero se convertiría en una multa y lo perdería. Por ejemplo, si la sanción fuera aplicable ahora sobre la Comunidad Valenciana, una de las autonomías con más deuda y déficit, debería constituir un depósito de unos 200 millones de euros. Cataluña, con una deuda desbocada, debería destinar unos 400 millones a ese fondo.

Claro que Montoro insistió en que no dejará caer a ninguna autonomía. El ministro evitó recordar que todas las autonomías deben bajar al 1,3% de déficit este año —algunas cerraron 2011 en el 9% como Castilla-La Mancha—. Y será el ministro el que decida a cuáles se sanciona. En Hacienda confían en que eso no ocurra.

Estos gestos reiterados parecen cundir en los mercados.

La prima de riesgo española, el indicador que mide el grado de desconfianza que genera la deuda de un país, cayó ayer con fuerza, hasta los 310 puntos básicos, el nivel más bajo desde que Mariano Rajoy comunicó su Gobierno.