La fiscalía y la acusación estudian el fallo para decidir si recurren la absolución

La respuesta de la Fiscalía Anticorrupción y de la acusación popular sobre la posibilidad de recurrir el veredicto absolutorio para Francisco Camps y Ricardo Costa ha sido la misma. Ambas acusaciones están estudiando el veredicto, y harán lo propio con la sentencia que ha de dictar el magistrado que ha presidido el tribunal, Juan Climent, para decidir si recurren la absolución del expresidente de la Generalitat y el ex secretario general del PP valenciano.

Si los recursos ante el Tribunal Supremo —única instancia a la que pueden recurrir— son complicados habitualmente, aún lo son más en el caso del jurado.

En primer lugar, la sentencia que dictará Climent ha de señalar si el fallo es recurrible, como es de prever. Si, siendo recurrible, la fiscalía decidiera no hacerlo, sería necesario determinar si la acusación puede presentar el recurso y no es de aplicación la doctrina Botín por la que una acusación, siendo popular, no puede quedarse como única acusación. En este caso, el juicio de los trajes ha contado con una acusación popular que representaba a un partido político, el de los socialistas valencianos, por lo que el interés podría considerarse no particular para dar cabida a esta posibilidad.

Además, la admisión de estos recursos, de casación, se limita a los fallos en los que se haya incurrido en infracción de ley y no por un defecto formal.

El recurso de casación no se puede basar en la valoración que el jurado popular ha hecho de las pruebas. El recurso tendría opciones de prosperar si el veredicto no se hubiera motivado, pero en el alcanzado para el llamado juicio de los trajes las posibilidades parecen limitarse a encontrar algún punto en el que se hayan valorado estas de forma errónea.

Ante todas las hipótesis, el recién absuelto Camps optó ayer por decir que el PSOE “no puede recurrir” la sentencia porque “está aterido en la acusación a la propia Fiscalía”. “Yo creo que tendría que revisar si la acusación popular tiene que representar un partido político o los intereses de un grupo de ciudadanos”, dijo sobre una forma jurídica ampliamente admitida.

Entre los socialistas, el único que hizo referencia al recurso fue el secretario general del PSPV, Jorge Alarte, que dijo ser “proclive” a esa posibilidad.