Defensa aparca la reforma de la ley de la carrera militar

El Gobierno no modificará la ley de la Carrera Militar de 2007,que provocó la presentación de miles de recursos por parte de militares afectados –especialmente en lo referido a la integración de cuerpos y escalas-- y cuya reforma fue repetidamente reclamada por el PP en la oposición. El ministro de Defensa, Pedro Morenés, ha explicado hoy en el Congreso que se están buscando soluciones a los problemas planteados por la aplicación de la ley “con la premisa de que siempre es mejor resolver los problemas por la gestión que por la implantación de nuevas normas”.

Morenés ha insistido en que las Fuerzas Armadas cuentan con una normativa “exhaustiva”, pues “se ha legislado con profusión” en los últimos años, y su principal empeño será “gestionar […] corregir algunos de los efectos no deseados sobrevenidos en su aplicación”.

Lo cierto es que la carrera militar –la regulación de la vida profesional de los miembros de las Fuerzas Armadas desde el ingreso hasta el retiro-- ha tenido tres leyes en las últimas décadas (1989,1999 y 2007), cada una de ellas con numerosas modificaciones parciales, lo que ha generado notable inseguridad jurídica. Aún así, el PP consiguió que, en la ley de Derechos y Deberes de las Fuerzas Armadas, aprobada el año pasado, el Gobierno se comprometiera a enviar al Congreso en un plazo de seis meses un proyecto de ley para reformar el periodo transitorio de la Ley de la Carrera Militar. Eso sí, la Comisión de Defensa debería emitir previamente un dictamen del que nunca más se ha sabido.

Lo que sí hará el Gobierno será desarrollar la citada ley de Derechos y Deberes y elaborar el proyecto de nuevo código disciplinario castrense, siempre desde la “búsqueda incansable” del consenso con otras fuerzas políticas, según el ministro. Además, Morenés ha anunciado que se facilitará la nacionalidad española a los soldados extranjeros con más de dos años en filas –como preveía el programa electoral del PP -y que se busca “una solución administrativa” que permita a los heridos en acto de servicio mantener su vinculación con las Fuerzas Armadas “sin dañar los derechos adquiridos”. Respecto al nuevo modelo de enseñanza militar, contra el que el PP votó en su día, abogó por completarlo y perfeccionarlo, pero se refirió al mismo en términos elogiosos, tras su reciente visita a la Academia de Zaragoza

Con todo, la mayor parte de la intervención ha estado dedicada a explicar cómo lograr que la operatividad de los ejércitos no se resienta con los ajustes presupuestarios. Morenés ha apostado por “la austeridad para reducir los gastos, la eficiencia para optimizar recursos y la previsibilidad y adaptabilidad para generar confianza”. Ello se traducirá en una revisión de la estructura orgánica del Ministerio, del despliegue geográfico de las Fuerzas Armadas y del planeamiento de capacidades. Respecto a este último punto, anunció que ha encargado al jefe del Estado Mayor de la Defensa, el almirante general Fernando García Sánchez, un estudio sobre las necesidades de las Fuerzas Armadas en 2025, para elaborar un “perfil de financiación” ajustado al escenario económico.

Esa fecha coincide con el vencimiento de la deuda de casi 30.000 millones de euros derivada de los grandes programas de armamento. Morenés se mostró partidario de “replanificar los pagos” para que sean “coherentes con los compromisos adquiridos por España”, pero también “se adecúen a la nueva realidad económica”. Ello supondrá aplazar algunos proyectos, reducir otros, revender a terceros países productos encargados por España y en general “utilizar cualquier instrumento [de renegociación] habitual en la actividad económica”. También obligará a potenciar las exportaciones, pues la industria militar española, advirtió, no puede seguir dependiendo de un “cliente cautivo” como ha sido Defensa.

El ministro remitió a una futura comparecencia el resultado de la revisión de las misiones en el exterior y justificó el aplazamiento en al menos seis meses del inicio de la retirada de Afganistán alegando que así se lo han aconsejado los mandos militares. Para zanjar la polémica sobre si las tropas españolas participan o no en una guerra en dicho país, aseguró que están “en una misión de paz, pero en un escenario bélico, de guerra […] donde se combate” y aseguró que no utilizará ningún eufemismo, por respeto a los 98 miembros del Ejército español que se han dejado allí la vida. Respecto a la Estrategia Española de Seguridad, que el anterior Gobierno encargó a Javier Solana, la calificó de “documento válido”,aunque se mostró partidario de “darle una relectura”.

Morenés protagonizó un incidente dialéctico con el portavoz de ERC, Joan Tardá, quien dijo que su nombramiento equivale a meter “al zorro en el gallinero”, por su pasada vinculación a la industria militar, y le preguntó por los 40 millones que la empresa Instalaza ha reclamado al Estado por la prohibición de las bombas de racimo. El ministro calificó estas calificaciones personales de “un poco ofensivas” y explicó que solo fue consejero de Instalaza de 2005 a 2007, “sin ningún tipo de remuneración”, y que la empresa presentó la reclamación después de que él se marchara. “Es un tema que va a ir por los caminos judiciales oportunos y en el que este ministro no va a intervenir, ni en un sentido ni en otro”, apostilló.