Una nueva pena para el sistema más duro

En 2008, el portavoz de Justicia del PP, Federico Trillo, consideraba que la cadena perpetua no cabía en la Constitución. Solo tres años después, el octubre pasado, la nueva pena apareció en el programa electoral del partido. El cambio de criterio se debió a la “alarma social” que causaron dos casos muy mediáticos, los asesinatos de las menores Mariluz Cortés y Marta del Castillo, según algunos dirigentes.

Desde el PSOE y sectores judiciales progresistas se acusó al PP de “populismo punitivo” al plantear una nueva pena de dudoso encaje constitucional —según la norma fundamental las penas deben orientarse a la reinserción social— en uno de los sistemas penales más duros de Europa, con condenas de hasta 40 años que implican una estancia mínima en prisión de 32. Paradójicamente, la cadena perpetua que propone el PP podría ser, de hecho, una pena inferior a la máxima del Código Penal. Estaría prevista para delitos de terrorismo (en franca decadencia tras el cese de ETA) y las agresiones a menores. La condena implicaría un periodo de cumplimiento efectivo de 20 años, pasados los cuales los jueces podrían excarcelar al reo si se constata su pronóstico favorable de reinserción, según la enmienda que presentó el PP durante la última reforma penal.

Respecto a la propuesta de juzgar a menores y mayores de edad juntos si están implicados en el mismo delito, podría vulnerar la convención sobre los derechos del niño, que obliga a tener en cuenta las circunstancias sociales, educativas y familiares de estos en la instrucción y el enjuiciamiento de sus infracciones.