Las falacias del independiente poder judicial que promete el PP

La vicepresidenta Soraya Saez de Santamaría pareció resolver ayer en un minuto de inspiración, el último de su intervención de cuatro horas en el Congreso, los problemas de la justicia. Anunció, sin encomendarse a ningún consenso, ni diálogo, ni negociación previa, que reformarán la Ley que regula la elección del Consejo General del Poder Judicial, una especie de Gobierno de los jueces con más funciones, para que recupere la independencia perdida desde 1985.

El argumento para la reforma es que el Consejo está muy politizado y que ese problema se arregla si son los propios jueces, y no el parlamento como hasta ahora, quienes nombran a los 21 integrantes de ese organismo. Algunos hooligans progubernamentales se han sumado a la fiesta de la reforma judicial para devolver la independencia al Consejo que, supuestamente, se perdió cuando el PSOE estableció un nuevo modelo en 1985 para elegir a los vocales desde el parlamento.

La falacia, en este caso, tiene muchas patas, y todas tan torcidas como el derecho que aplican a veces algunos magistrados.

En julio de 2001, el Gobierno de José María Aznar y Mariano Rajoy selló con el PSOE de José Luis Rodríguez Zapatero un Pacto por la Justicia que, entre otras medidas, reformaba el sistema de elección del Consejo General del Poder Judicial de manera que los jueces tuvieran un protagonismo especial para decidir quienes ocupaban 12 de los 20 puestos del consejo, pues los otros ocho correspondían a profesionales del derecho ajenos a la judicatura (abogados, catedráticos, fiscales…). Los jueces proponían al congreso 36 nombres y de ellos, el parlamento elegía a 12, repartiéndose el número de vocales en función de la representatividad política de cada grupo.

Con ese sistema, que el entonces ministro de Justicia, Ángel Acebes, consideró ideal, se eligió el Consejo del Poder Judicial más politizado de la historia. Con Francisco Hernando, hoy magistrado del Constitucional, como presidente, y Enrique López, hoy magistrado en la Audiencia Nacional, como portavoz. Ambos se constituyeron en contundentes arietes del PP que embestían contra los socialistas, tanto cuando estaban en la oposición como cuando llegaron al poder.

Al PP, que gobernó con aquel modelo hasta 2004, le pareció de perlas. Incluso cuando pasó a la oposición y se dio cuenta de que el Consejo General del Poder Judicial era un instrumento de oposición muy útil. Sin que tuviera competencias para ello, aquel Consejo General del Poder Judicial elaboró un informe donde torpedeaba el Estatuto de Cataluña para meter más presión al Gobierno.

Con el PSOE en el Gobierno, el Consejo General del Poder Judicial elegido con el sistema acordado en el Pacto de la Justicia en 2001, llegó al final de su mandato. Pero el PP se negó durante un tiempo a su renovación porque seguía siendo un instrumento eficaz para hacer política de oposición al Ejecutivo socialista. Entre otras funciones, el Consejo nombra a los magistrados del Supremo, a los presidentes de tribunales de justicia y a los jefes de las distintas salas de la Audiencia Nacional. El PP, con su mayoría en el Consejo General del Poder Judicial, impuso a magistrados conservadores para los puestos relevantes del Supremo que quedaban vacantes, fundamentalmente los de la Sala Segunda que se encargan de juzgar a políticos. Fue tan apabullante el rodillo –ningún magistrado progresista podía acceder a la Sala Segunda del Supremo- que el PSOE se inventó una ley urgente para que esos nombramientos sólo pudieran aprobarse con una mayoría de dos tercios en el propio Consejo del Poder Judicial. Aquella fórmula bloqueó durante más tiempo los nombramientos y provocó el efecto perverso del cambio de cromos entre unos y otros para cubrir las vacantes.

El Consejo General del Poder Judicial actual está formado por jueces seleccionados por los propios jueces y elegidos por el Congreso con el modelo Acebes. Entre los vocales que ejercen hoy en el Consejo hay profesionales que sirvieron de manera especialmente beligerante a los intereses del PP respaldando sus tesis y las de la derecha mediática en asuntos que intentaban socavar la credibilidad de gobiernos socialistas. Es el caso de dos jueces que airearon el falso asunto del ácido bórico como una prueba de que ETA había perpetrado los atentados del 11-M o la responsabilidad del Gobierno de Castilla-La Mancha en la muerte de 11 miembros de un retén de incendios en Cogolludo.

El Consejo General del Poder Judicial tiene tres funciones esenciales encomendadas, informar sobre determinados proyectos de Ley (aunque su opinión no es vinculante), sancionar a los jueces que incurren en infracciones y nombrar a la cúpula de los principales organismos judiciales. Durante su mandato, los vocales no pueden ser removidos ni sustituidos ni cesados, y no pueden repetir en ese cargo.

Soraya Sáez de Santamaría cree que si los jueces controlaran todo el proceso y fueran ellos los únicos que decidieran quienes son los 20 miembros de su carrera que deben componer el Consejo General del Poder Judicial, todo funcionaria mejor. Ahora mismo, la mitad de los casi 5.000 jueces en España no están asociados. De la otra mitad, más del 60% pertenecen a la Asociación Profesional de la Magistratura (conservadora); y el 40% restante se lo reparten las asociaciones Jueces para la Democracia (progresista), Francisco de Vitoria (centrista) y Foro Judicial Independiente.

Entre los propios jueces hay malestar porque los asociados tienen un trato de favor tan discriminatorio que produce vergüenza. Los jueces no asociados han desaparecido de la cúpula judicial. Los asociados, copan los principales puestos.

Cuando en 1980 se celebraron las primeras elecciones para ocupar 12 de los 20 puestos del Consejo General del Poder Judicial, con el modelo que ahora supuestamente quiere recuperar Soraya Sáez de Santamaría, la Asociación Profesional de la Magistratura ocupó los 12 puestos en liza, de manera que aquel Gobierno de los jueces estaba integrado sólo por profesionales conservadores, no había ni progresistas, ni centristas, ni independientes ni no asociados. El PP anhela ahora ese Poder Judicial independiente y netamente conservador.