Anticorrupción y el Gobierno balear piden ocho años para Matas

El expresidente de Baleares y exministro de Medio Ambiente, Jaume Matas, del PP, ha escuchado esta mañana las conclusiones definitivas de la Fiscalía Anticorrupción, al iniciar la tercera semana en el banquillo de los acusados de la Audiencia de Palma de Mallorca. Entra en la recta final el primer juicio por una de las 25 piezas del caso Palma Arena por corrupción. En los días sucesivos, acusación y defensa formularán sus informes y alegatos. La Fiscalía Anticorrupción concretó una acusación penal, que de ser asumida en sentencia por la Audiencia de Palma, le supondrá hasta ocho años y medio de prisión. La acusación particular, ejercida por el Gobierno de Baleares, del PP, mantuvo la misma postura que el ministerio público.

Los fiscales cerraron un pacto de conformidad con dos acusados, el que fuera director general de Comunicación de Matas, Juan Martorell, y el publicista de confianza de Matas y del PP, Miguel Romero. Por ello, ambos se enfrentan a una petición de pena que no implicaría su ingreso en prisión: de dos años y año y medio, respectivamente, gracias a los atenuantes de haber colaborado con la justicia.

Los arrepentidos Martorell y Romero confesaron sus delitos, retornaron parte del dinero malversado, destaparon el papel activo de Matas y su decisión de favorecer a su periodista de cámara y acusado, Antonio Alemany. Este periodista se enfrenta ahora a una petición de siete años y tres meses, una solicitud más grave de los cinco años estipulados en la calificación inicial, al entender la acusación que maquinó para apropiarse de subvenciones públicas.

Jaume Matas está acusado de malversación de caudales, prevaricación, falsedad mercantil, fraude a la Administración y tráfico de influencias, por las decisiones supuestamente delictivas, cometidas entre 2003 y 2007 desde el Gobierno balear, para la “contratación encubierta” de Alemany, excolumnista de El Mundo, que le redactó discursos y se embolsó, personalmente y a través de sus empresas, hasta 480.000 euros del erario público.

Los fiscales sostienen que Alemany recibió esos fondos para “realizar una campaña para ensalzar la actividad política” de Matas desde Libertad Balear y la Agencia Balear de Noticias. Entre los pagos supuestamente delictivos, uno de 11.500 euros —“una propina”, según los fiscales— para redactar unos trabajos para la prensa deportiva no localizados.

Los fiscales exculparon a Dulce Linares, exjefa de gabinete de Matas, que coopera en la causa del caso Urdangarin,  por no haberse acreditado los delitos. El fiscal rebajó la petición de pena para María Umbert, también ex jefa de gabinete de Matas, que ahora se enfrenta a una solicitud de ocho meses de prisión. Todos los acusados, si son condenados, deberán afrontar el retorno del dinero a las arcas públicas: un total de 347.114 euros.