Mensajes

La semana pasada, aplicando la política del palo y la zanahoria, el Gobierno de Rajoy ha emitido por boca del ministro Montoro dos mensajes contradictorios. Por una parte, ofreció prestar liquidez a los Gobiernos territoriales que se hallen próximos al incumplimiento de pagos. Pero como eso significaba incurrir en el llamado riesgo moral (tolerancia con la impunidad de los infractores), en seguida amenazó con perseguir penalmente a los cargos públicos que vulneren la sagrada austeridad presupuestaria. ¿En qué quedamos? ¿No revela esto una flagrante contradicción en el discurso público de este Gobierno?

En esta época de democracia mediatizada, la principal virtud del gobernante es la habilidad en el manejo de la comunicación política. Gobernar es tomar decisiones y hacerlas cumplir, lo que exige poder de convicción (soft power) además de coerción (hard power). Pero ambos poderes se basan en la eficacia comunicativa, necesaria tanto para seducir como para intimidar, pues el poder de las amenazas depende de la credibilidad con que son formuladas. Así que, tanto para hacerse querer como para hacerse temer, hay que controlar la coherencia de los mensajes que se emiten, según enseñan los manuales de márketing. Mucho más en esta época de mercantilización de la política, cuando son los mercados, y no los ciudadanos, los destinatarios últimos de esos mensajes. Cuando Montoro anunció que se iba a aflojar la presión sobre las comunidades autónomas más deficitarias, semejante mensaje podía ser mal entendido por los mercados externos. De ahí que al día siguiente Montoro se viera obligado a emitir otro mensaje antitético de austeridad a ultranza, destinado a compensar y anular el anterior. Y con ese objeto anunció una campaña de persecución criminal contra los gobernantes deficitarios, emulando así la obsesión punitiva de la canciller Merkel contra los impenitentes países deudores del sur. Una burda chapuza que revela la falta de rigor de su incoherente estrategia comunicativa. ¿Cuál es esta?

Al parecer, el objetivo estratégico del discurso popular es evitar que el presidente del Gobierno se queme cargando personalmente con el coste de la crisis. Para ello, y dado que por la boca muere el pez (como demostró la deriva de Zapatero), Rajoy se encierra en el mutismo discursivo delegando las explicaciones en sus ministros más locuaces (como el propio Montoro, que asume por defecto el papel de vicepresidente económico), encargados de culpar de todo a la herencia recibida y de adelantarse a los mercados adoptando iniciativas preventivas (como la de criminalizar el déficit presupuestario). Pero al hacerlo así, y al no haber ningún vicepresidente capaz de asumir la responsabilidad de las decisiones, el resultado es una cacofonía que revela la ausencia tanto de discurso político como de política económica, lo que aún es peor.

Y lo malo es que, al disponer de mayoría absoluta, se creen con licencia para anunciar toda clase de medidas, por arbitrarias que sean. Como el último disparate del arbitrista Montoro, con su propuesta de criminalizar el incumplimiento de la austeridad presupuestaria. Semejante figura delictiva es de imposible articulación legal, crearía una extraordinaria inseguridad jurídica y además, a juzgar por la trayectoria del PP, sólo se aplicaría contra sus adversarios políticos. Y esto, además de implicar un antidemocrático abuso de poder, supondría una ilegítima judicialización de la política, al imponer el control judicial de aquellas actuaciones de los poderes públicos que solo deben ser controladas por los electores, por el poder legislativo y por la intervención general del Estado. Pues en esas condiciones, ¿quién se atrevería a aceptar el cargo de concejal, de consejero o de ministro de Hacienda (aparte del propio Montoro, claro), a riesgo de que la policía judicial le condujese ante la Inquisición fiscal acusado de un delito de lesa austeridad?

Lo cual me lleva a pensar que una propuesta tan irracional como esa sólo se formula de cara a la galería, pero no tanto como un globo sonda (destinado a tantear las posibles reacciones adversas), sino como una cortina de humo (para encubrir ante los mercados la tolerancia del incumplimiento presupuestario de las comunidades autónomas decidida por el Consejo de Política Fiscal) y sobre todo como montaje de una demagógica campaña populista de persecución punitiva del presunto despilfarro fiscal. Y al parecer ha tenido éxito, pues ha encontrado el fácil aplauso de la sociedad civil, a juzgar por la vox populi que circula por la calle, la red o los medios. Una campaña de persecución populista que emula a la desatada en Alemania por la prensa sensacionalista contra el presunto despilfarro de los PIGS, pero que en España se pretende desatar no sólo contra los apestados socialistas sino sobre todo contra los sufridos servicios públicos que el PP se propone recortar, estrangular y privatizar.