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El COE se quejó a Urdangarin porque lo puenteó para hacer un negocio

El duque de Palma pidió al Comité Europeo que le ayudara en unos juegos en Valencia

Palma de Mallorca -
Urdangarin, durante los Juegos Olímpicos de Atenas, en 2004.
Urdangarin, durante los Juegos Olímpicos de Atenas, en 2004.GARCÍA CORDERO

Alejandro Blanco, presidente del Comité Olímpico Español, se sintió puenteado por Iñaki Urdangarin en sus funciones institucionales y en las relaciones internacionales de su organismo y se lo comunicó al yerno del Rey por escrito. El duque de Palma gestionó, como uno más de sus negocios, el proyecto (finalmente frustrado) de los Juegos Europeos 2010 para la Comunidad Valenciana, un proyecto por cuyas gestiones cobró 382.000 euros.

Blanco se consideró “fuera de juego” por los contactos y las conversaciones que el duque de Palma entabló con el presidente del Comité Olímpico Europeo, Mario Pescante. Tras el reproche de Alejandro Blanco, Iñaki Urdangarin reconoció la existencia de “posibles malentendidos”.

En el sumario del caso Palma Arena se incluye la documentación sobre los proyectos del Instituto Nóos, presidido por Urdangarin, sobre el evento de Valencia. Los proyectos fueron elaborados en 2005 y las cartas enviadas y recibidas por Urdangarin en las que consta la polémica sobre competencias y jerarquías olímpicas están fechadas a finales de ese año e inicios del siguiente,

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Alejandro Blanco, presidente del COE (cargo al que aspiró el esposo de la infanta Cristina), fue advertido por el presidente olímpico europeo, Mario Pescante, de las propuestas que le dirigió el duque de Palma y le remitió una copia de la carta de este.

Urdangarin presentó a Pescante el proyecto de Valencia y reclamó su ayuda en las instancias internacionales, con carta personal, sin especificar su rol de gestor empresarial al frente del Instituto Nóos y con una plataforma constituida como negocio con el dinero de la Generalitat Valenciana.

Blanco replicó por carta al esposo de la infanta Cristina: “Solo te pido que, si tienes que hacer alguna gestión en la que este Comité Olímpico Español o yo podamos estar involucrados, me la comuniques para no estar en fuera de juego”.

El yerno del Rey cobró 382.000 euros, pero el proyecto no se materializó

El COE era elemento clave del proyecto por el que Nóos presupuestó un plan de trabajo y una oficina de los juegos cuyos gastos de ejecución cifró en cuatro millones de euros.

En la primera carta a Urdangarin, Alejandro Blanco anotó: “Me ha sorprendido este escrito (el de Mario Pescante), toda vez que no tenía constancia del que tú le habías enviado y que ha motivado esta respuesta (…) mucho te agradecería ser informado de los escritos que dirijas al respecto a los organismos internacionales”.

El duque de Palma se excusó ante Blanco asegurando que el anuncio se precipitó por “la premura” de las autoridades valencianas en dar cuenta de su proyecto, “al efecto de solventar posibles malentendidos que hayan podido producirse”. “Espero entiendas y comprendas la naturaleza de la actuación puesta en marcha”, añadió Urdangarin.

Urdangarin consignó que se efectuaría la “prospección por el Instituto Nóos de la viabilidad del lanzamiento de la candidatura” y que se contactaría con “todas aquellas instancias que tengan capacidad para generar opinión favorable en el entorno de las diferentes decisiones”. En este sentido, dio “ascendencia” al rol de Mario Pescante al frente del Comité Olímpico Europeo.

Los Juegos Europeos de Valencia 2010, para los que Nóos indicó que se debían invertir 450 millones en instalaciones, no contaron con la anuencia de otros comités olímpicos y de las federaciones deportivas internacionales. Nóos ideó el evento para contribuir a “una construcción europea sostenible y humanista con un respeto medioambiental permanente”, desde una Comunidad Valenciana “humanista”.

Urdangarin firmó a través del instituto Nóos con la empresa pública valenciana Sociedad Gestora para la Imagen Estratégica y Promocional de la Comunidad Valenciana, creada para “coordinar y ejercer una dirección estratégica de las acciones de promoción y difusión de la imagen de la Comunidad Valenciana”. El contrato fue suscrito, en su condición de consejero de Presidencia, por Esteban González Pons, que está citado como testigo por el juez del caso Palma Arena.

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