“Inestable para juzgar”

Un juzgado de Madrid se ha convertido en una olla a presión que puede poner punto final a la carrera de Coro Cillán. Es la magistrada que reabrió en 2009 el caso de los atentados de los trenes de Atocha del 11 de marzo de 2004, un asunto que ya sentenció el Tribunal Supremo en 2008. Aun así, esta misma semana la juez ha interrogado a media docena de funcionarios de Renfe para preguntarles por qué fueron desguazados los trenes y, si al hacerlo, pudieron haberse destruido elementos útiles para la investigación.

La inspección del Consejo General del Poder Judicial ha abierto un expediente disciplinario contra ella por tres faltas muy graves y una grave. Una secretaria y dos fiscales del juzgado atribuyen a Cillán actuar bajo la ingesta de bebidas alcohólicas que transforman en “irascible” su conducta y le provocan incluso “confundir personas y delitos”. En concreto, el expediente del Consejo es por graves irregularidades en la tramitación de una causa, la de la discoteca madrileña Moma, que nada tiene que ver con sus investigaciones del 11-M pero que ponen de manifiesto supuestas arbitrariedades en sus decisiones. Cillán ya fue sancionada en 1999 por retrasos injustificados y graves cuando estaba destinada en la Audiencia Provincial de Guipúzcoa. En esa ocasión fue suspendida durante dos años, pero más tarde el Tribunal Supremo anuló la sanción por una cuestión de plazos en el procedimiento.

La tensión entre la juez, los fiscales y las dos secretarias del juzgado es máxima. Casi ni se hablan. Coro Cillán niega las acusaciones y ella también culpa. A la secretaria judicial Sacramento Fernández le achaca continuas ausencias del juzgado (“viene cuando le da la gana”). Y asegura que está acostumbrada a “las faenas” que le hace la fiscal Soledad García. Una de las secretarias acusa por su parte a Cillán de ocultar bajo llave, impidiéndole hacer su trabajo, algunas de las causas más candentes que se instruyen en este juzgado.

Los hechos son muy serios: los inspectores del Poder Judicial han realizado sus propias pesquisas e interrogado a todos los funcionarios, a los fiscales, a dos secretarias y a la propia magistrada. El detonante del embrollo ha sido la intervención de Cillán, estando de guardia en Madrid, en el procedimiento judicial en torno a la famosa discoteca madrileña Moma.

La elitista calle de José Abascal, de Madrid vivió el pasado septiembre una escena que resultaría cómica si no fuera cierta.

Entrada la noche, en un Madrid sosegado, comienzan a llegar a las inmediaciones de Moma —discoteca y restaurante— coches policiales con sus destellos de neón. A la carrera, uno tras otro, los zetas se van deteniendo a la altura del número 56 y bajan de ellos agentes prestos a intervenir. A las puertas, un gran revuelo. Los dueños del local discuten. Están enfrentados. Todos dicen ser los dueños auténticos de Moma y reclaman para sí la gestión y control del club. Cada socio lleva sus propios guardias de seguridad. Todos vocean y exigen a los demás que quiten los candados. Porque cada uno ha llevado cerrajeros y candados propios.

¿Qué hace allí tanta policía? En la refriega verbal, cada socio ha telefoneado a sus amigos que están de patrulla. Los agentes empiezan a discutir entre ellos. “Este no es vuestro distrito, ¿qué hacéis vosotros aquí?”, se preguntan los unos a los otros. El de mayor galón policial entre los concentrados toma por fin las riendas y pone orden, mandando a los empleados de seguridad que salgan del local, y a los policías llegados desde distintos puntos de la ciudad, que sigan patrullando. Un símil de la película Airbag, pero real.

El asunto no pasó a mayores en ese momento, pero el embrollo de Moma trasladó posteriormente su lío al juzgado de Cillán.

Los inspectores del Consejo del Poder Judicial atribuyen a la magistrada actuaciones anómalas en este procedimiento: supuestamente habría favorecido a una de las partes; en concreto, a un “amigo íntimo”, según las pesquisas del Poder Judicial. Estando ella de guardia, uno de los socios de Moma se presentó en el juzgado y denunció a éste por “administración desleal”; y reclamó a la juez, como medida cautelar, el precinto del local. Ocurrió la noche del pasado 21 de septiembre. Alberto Vos, el denunciante, reclamó apartar de la gestión del local a Fernando Robes, al que acusó de apoderase de Moma en detrimento de sus otros socios. Robes, al ver que le quitaban la gestión, denunció a la juez ante el Consejo del Poder Judicial y tildó su intervención de parcial.

Paralelamente, otro juzgado de Madrid, el número 32, lleva un asunto sobre supuestas mafias entre los servicios de seguridad de discotecas de la capital. La Brigada de Policía Judicial de Madrid, en un informe fechado el pasado 19 de diciembre, sitúa a Robes como supuesto testaferro y blanqueador de dinero de procedencia ilegal. Incluso fue detenido por ello.

Del lado de Alberto Vos en el caso de Moma, y en contra de Robes, estaría el supuesto “novio” o “amigo íntimo” de la magistrada, Javier Caballero. La fiscal del juzgado, Soledad García, que estaba de guardia con Cillán ese día, afirma que la noche en que se pidió la cinta adhesiva para acordonar el Moma, la juez fue a su despacho y le pidió opinión sobre si debía precintar el local. La respuesta de la fiscal a Cillán, asegura García, fue que no, porque antes era necesario comprobar la veracidad de la denuncia. “No lo veo, primero habrá que investigar, y me da la impresión de que lo está conociendo otro juzgado”, ha asegurado la fiscal a los inspectores del Consejo.

Según Soledad García, su opinión enfadó a Cillán, que rompió una providencia que había encima de la mesa para trasladar el asunto a reparto del decanato, y le soltó: “Por mis santos cojones se precinta Moma”. “Coro, te estás metiendo en un lío”, asegura la fiscal que le respondió.

Cillán se fue del despacho acompañada del abogado que había interpuesto la denuncia. Según la fiscal y la secretaria, que han contado al Consejo los problemas que están teniendo en las guardias, poco después de que la juez decretara el precinto la vieron en el restaurante Portobello cenando con algunos de los denunciantes de Moma. Las normas de reparto de los juzgados de Madrid obligan a enviar al decanato para su reparto las causas que entren en la guardia aun cuando en ellas se pidan medidas cautelares. Se lo advirtió a la juez uno de sus funcionarios, pero la magistrada le cortó. “Es nuestra”.

Cillán, por su parte, en su escrito de alegaciones al Consejo, niega que cenase con los denunciantes de Moma y señala que el restaurante Portobello es un lugar donde coinciden personas del mundo jurídico porque está a escasos metros de los juzgados, y que son habituales los saludos de cortesía entre profesionales, que no comprometen su independencia.

Tras negarse la fiscalía a apoyar el precinto, según los inspectores, la juez ladeó estas diligencias al ministerio público, precintó el local y cambió a los administradores por otros. A uno de ellos, también "amigo" de la juez según el Consejo, le puso un sueldo de 18.000 euros (de los que solo llegó a cobrar 7.700). Éste acabó renunciado a ese cometido y entonces la juez nombró administrador a Javier Caballero, con un sueldo de 2.500 euros. Caballero es su supuesto “novio”, según la fiscal Soledad García.

“La magistrada me ha hablado durante casi un año de un compañero sentimental, llamado Javier Caballero, que es abogado en Alicante, y que cuando a viene a Madrid se aloja en su casa”, ha relatado la fiscal a la inspección. “Recientemente me lo ha presentado personalmente, y a la secretaria judicial (Celia), aunque al momento de la presentación no aludió a la relación de noviazgo”. El Juzgado 43 tiene una secretaria en comisión de servicio, Sacramento Fernández, que a veces se sirve de otra colega, Celia García, como apoyo en determinados asuntos. Sacramento Fernández también ha contado a los inspectores lo del novio de la juez, algo que Cillán niega. A personas de su entorno, la magistrada ha confiado que actuará contra quienes la han difamado y que se va a realizar varias pruebas que acreditarán que ni tiene pareja ni problemas relacionados con el alcohol.

El fiscal Conrado Saiz, que es el que lleva junto con Cillán la causa sobre el 11-M, discrepa de esta última afirmación, aunque precisando que él no es perito en temas de alcohol. Sobre la juez ha contado a los inspectores: “Alguna vez, en las guardias de diligencias, rápidos y detenidos, durante la tarde manifiesta síntomas de consumo de bebidas alcohólicas; así, en las declaraciones confunde a las personas a las que se dirige, así como el delito; cambia de conversación con falta de coherencia y presenta un carácter irascible, por lo que él suele tomar la palabra cuando antes para no acrecentar el problema”, señala la inspección.

Sáiz zanja: “Entiendo que la magistrada no tiene capacidad para llevar el juzgado porque presenta una inestabilidad preocupante”. El asunto está ahora en manos del instructor designado por el Poder Judicial, un juez del Tribunal Superior de Madrid, de superior rango que Cillán. Según fuentes del Consejo, ya la ha citado a declarar. Será él quien se encargue de indagar el polvorín que se cierne sobre el juzgado de Madrid que ha reabierto el atentado de los trenes de la muerte.O