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Madrid y Cataluña ganan con el nuevo modelo de financiación

El sistema llevó a una mayor convergencia entre comunidades en su primer año

Lluís Pellicer

La Comunidad de Madrid se abstuvo a regañadientes cuando en julio de 2009 el Consejo de Política Fiscal y Financiera aprobó el nuevo modelo de financiación autonómica. Su entonces consejero de Hacienda, Antonio Beteta, llegó a tildarlo de “tomadura de pelo”. Sin embargo, los primeros resultados que arroja ese sistema muestran una realidad muy distinta a la que Beteta pintaba entonces. Madrid fue la gran ganadora con los cambios que entraron en vigor en 2009, ya que pasó de ser la cuarta autonomía peor financiada a la tercera con más recursos tras su aportación a la solidaridad regional. El modelo también mejoró la financiación de Baleares y Cataluña, que por primera vez se situó por encima de la media de comunidades. En el otro extremo está Andalucía, que a pesar de seguir siendo receptora de fondos, se queda por primera vez por debajo de la media de recursos por habitante.

La impulsora del nuevo modelo de financiación fue Cataluña, que instó su modificación tras la aprobación del Estatuto. La gran queja de las comunidades del Mediterráneo y Madrid era la falta de recursos ante el crecimiento demográfico que habían experimentado, y el descalabro que estas sufrían tras su aportación a la solidaridad regional. Madrid, por ejemplo, es la comunidad que más recauda por población censada y ajustada —no solo se tiene la población de derecho, también la dispersión, la insularidad o la población anciana—, pero tras su contribución se desplomaba hasta el undécimo lugar en términos de recursos por habitante (el décimo con el criterio de población ajustada). Con el nuevo sistema, pasa del primer al tercer lugar.

Andalucía se queda por primera vez por debajo de la media en recursos fiscales

Así lo expone el examen sobre el modelo de financiación que ha elaborado la catedrática e investigadora del Instituto de Economía de Barcelona Núria Bosch, que formará parte del Informe sobre federalismo fiscal que la institución publicará en breve. Según el informe, el Estado aportó en el primer año de aplicación del modelo 9.198 millones de euros adicionales al anterior sistema, con lo que se repartieron entre las comunidades 91.911 millones de euros procedentes de los impuestos cedidos total o parcialmente y de las transferencias de fondos.

La principal diferencia del actual sistema de financiación con el anterior radica en que las distancias entre comunidades se han acotado. Es decir, todas se acercan más a esa base 100 que representa la media de recursos tributarios por habitante. El modelo anterior, explica Bosch, suponía una “sobrenivelación”, mientras que el actual lleva a todas las comunidades a converger hacia la media y reduce “la desviación estándar”. Pero, a su juicio, el nuevo modelo no corrige “totalmente” las “disfuncionalidades” del aprobado en 2001 en “términos de equidad horizontal”.

Cataluña, la comunidad impulsora de la reforma del modelo, consiguió por primera vez en 2009 situarse por encima de 100. Esa es la bandera que ondean sus defensores, sobre todo el PSC. Sus detractores, principalmente CiU, recuerdan que se sigue incumpliendo el “principio de ordinalidad” que recoge el Estatuto, que fija que si Cataluña es la tercera comunidad con mayores recursos por habitante antes de su contribución a la solidaridad, también debe serlo tras esa aportación, mientras que el sistema la deja en octavo lugar. El PSC se defiende recordando que en esa negociación se ató financiación para competencias específicas, como los Mossos d’Esquadra, que sumadas a los recursos del modelo elevan a Cataluña hasta el cuarto lugar.

El profesor de la Universidad Complutense de Madrid Javier Loscos realiza una “lectura positiva” del nuevo sistema de financiación. “Se corrigen algunos de los fallos más graves del antiguo sistema. Este sistema nos permite acabar con desequilibrios que aproximan a las comunidades al índice 100 y, además, cumplir con los requerimientos de los estatutos de autonomía”, agrega Loscos, que recuerda que el modelo es “dinámico” y que se deberá ir analizando su evolución.

Todas las comunidades que antes de la nivelación están por encima de 100 se mantienen en ese rango, salvo Baleares, que, aun así, abandona la posición de cola a la que la abocaba el anterior sistema a pesar de ser la segunda recaudadora. La Comunidad Valenciana apenas nota variación alguna respecto al anterior sistema, mientras que Andalucía es una de las grandes perjudicadas. La comunidad tiene más recursos que antes de pasar por el sistema, por lo que sigue siendo receptora. Pero el mecanismo del modelo anterior la llevaba a estar sistemáticamente por encima de la media, mientras que ahora queda por debajo y pierde cinco posiciones en la clasificación de comunidades mejor financiadas.

La arbitrariedad

LL. P.

El informe elaborado por Núria Bosch señala que el modelo actual no ha sido capaz de eliminar por completo la arbitrariedad que arrastraba el sistema que se diseñó en 2001. La lógica del sistema debería llevar a que las comunidades con más capacidad fiscal rebajaran sus recursos a favor de las que menos tienen, que deberían aumentarlos. Sin embargo, Cantabria y La Rioja, con una recaudación por encima de la media todavía ganan posiciones y recursos. En cambio, Murcia y la Comunidad Valenciana no logran despegar. “Han sido dos comunidades tradicionalmente castigadas por el sistema”, asegura Núria Bosch.

¿Cómo funciona el sistema? Primero, todos los recursos recaudados por las comunidades de régimen común —se excluyen el País Vasco y Navarra— van a una bolsa. El 75% de esos recursos se nivelan o reparten por igual para todas las comunidades, de forma que todas tienen lo mismo para el gasto que se calcula que va a sufragar el Estado del bienestar (salud, educación y servicios sociales). El 25% restante cada comunidad se lo queda sin nivelar.

La complejidad surge a partir de ahí. Hay un segundo fondo, el de Suficiencia Global, que trata de que ninguna comunidad pierda respecto al sistema anterior. “Se trata de mantener el statu quo”, señala Bosch. Posteriormente, todavía hay dos más, los llamados fondos de convergencia: las comunidades más ricas perciben el fondo de competitividad para reducir diferencias en financiación por habitante y las que menos recaudan reciben los fondos de cooperación para estimular el crecimiento y la convergencia regional.

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Sobre la firma

Lluís Pellicer
Es jefe de sección de Nacional de EL PAÍS. Antes fue jefe de Economía, corresponsal en Bruselas y redactor en Barcelona. Ha cubierto la crisis inmobiliaria de 2008, las reuniones del BCE y las cumbres del FMI. Licenciado en Periodismo por la Universitat Autònoma de Barcelona, ha cursado el programa de desarrollo directivo de IESE.

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