Los testigos describen a Garzón como un juez vigilante del derecho de defensa

Los policías de la UDEF (Unidad contra la Delincuencia Económica y Financiera) que realizaron la operación antiblanqueo contra la trama Gürtel corroboraron en la sesión de este miércoles en el Tribunal Supremo que el juez Baltasar Garzón ordenó preservar el derecho de defensa en las grabaciones que se obtuviesen los implicados, y que esa debía ser la “cláusula” que debían seguir. Un funcionario de su juzgado también declaró que el juez y las fiscales anticorrupción estaban siempre “muy obsesionados” con quitar de las transcripciones todo lo que tuviese que ver con el derecho de defensa, pero que finalmente fue la fiscal la que le dijo lo que tenía que quitar de las transcripciones.

Garzón, que se enfrenta a penas de 17 años de inhabilitación por presuntos delitos de prevaricación y violación de garantías constitucionales, pasó a un segundo plano y la vista se centró en la esgrima dialéctica de los abogados con los testigos. El presidente, Joaquín Giménez, tuvo que emplearse a fondo, y no sin humor, para evitar preguntas reiterativas o improcedentes.

En su conjunto, la prueba resultó netamente favorable a los intereses del magistrado. El comisario jefe de la UDEF, José Luis Oliveras, aseguró que tras la detención de los cabecillas de la Gürtel, Francisco Correa y Pablo Crespo, él planteó al juez la conveniencia de que les asistiera el abogado que habían designado, Jose Antonio López Rubal, también vinculado la red, pues sabían que iba a ser imputado en fechas muy próximas. “Garzón nos dijo que el derecho de defensa prevalecía sobre cualquier otra cosa y consintió que Rubal asistiera a la declaración”.

Tanto Oliveras como el jefe de grupo encargado de las escuchas aseguraron que pidieron explicaciones al juez por el auto en el que ordenaba las grabaciones, “previniendo el derecho de defensa”. “Le pedí una aclaración y me quedé igual”, explicó el comisario, “porque el juez dijo que el derecho de defensa lo asumía él a la hora de valorar lo que pudiera afectarlo o no”.

Según los policías de la UDEF, la trama Gürtel era una organización “perfectamente estructurada, con jefes y ánimo de delinquir”, en la que el “delito base” era el blanqueo de capitales. Los abogados Manuel Delgado y José Antonio López Rubal eran los que protegían “la estructura de blanqueo”, mientras José Ramón Blanco Balín era el “ideólogo” de la estructura exterior.

El fiscal Antolín Herrero desmontó con un par de mandobles la declaración del único testigo de la acusación, el inspector de policía Avelino García López. Animado por una serie de preguntas encadenadas del acusador Ignacio Peláez, el policía llegó a decir que “se atrevería” a decir que en la sede de instituciones penitenciarias había un ordenador central desde el que se podían escuchar todas las conversaciones grabadas y que las cintas del caso Gürtel se custodiaban en Instituciones Penitenciarias. El fiscal puso firme al testigo: “Yo diría, yo afirmaría... parece que usted habla un poco de oído. ¿Está usted seguro de lo que ha dicho, de que desde la dirección general se tiene acceso a las grabaciones de todos los centros penitenciarios”. “Yo seguro no estoy”, respondió el testigo.

Tras las detenciones, los policías de la UDEF constataron que la estrategia de blanqueo "seguía en pleno uso" y quienes estaban detrás "eran las mismas personas, los abogados que tenían capacidad de control de establecimiento de las estrategias. Unos daban órdenes y otros las ejecutaban". Para evitar las maniobras y que el patrimonio de los corruptos se pusiera fuera del alcance de la justicia, trasladaron verbalmente a Garzón la necesidad de adoptar alguna medida que podía ser el control de las comunicaciones de los internos.

Previamente, declaró el abogado Ignacio Peláez, exfiscal y compañero de Garzón y autor e la querella contra el juez por las escuchas del caso Gürtel, al que el presidente del tribunal, Joaquín Jiménez, también ordenó quitarse la toga antes de testificar.

Peláez reconoció que se entrevistó en la cárcel con Crespo y Correa, pese a que no eran clientes suyos ni pidió el permiso que requiere el reglamento penitenciario. Peláez, que defiende al empresario José Luis Ulibarri, tampoco acreditó haber dispuesto "documentalmente" del volante del Colegio de Abogados que certificara que había sido expresamente llamado a comunicar con esos internos. Peláez justificó su entrevista con los internos de la Gürtel en que fue a coordinar con ellos la defensa de Ulibarri y "no para blanquear dinero".

El abogado de Garzón, Francisco Baena, centró buena parte de su interrogatorio en demostrar que Peláez había basado parte de su querella en conversaciones ya expurgadas por Garzón de las grabaciones.

Preguntado si tenía datos objetivos de que se hubiesen utilizado las grabaciones de forma "ilegal", el letrado respondió: "A mí lo que me preocupa es que no tengo datos. No sé todo lo que se ha oído, no sé todo lo que se ha transcrito. Puede haber elementos incriminatorios que yo he mencionado, quebrantamiento del derecho a la intimidad . Que se me esté escuchando ya me parece grave".

Respecto a si en la declaración de su cliente ante Garzón se le mencionó algún dato obtenido en las grabaciones, el abogado dijo que el juez ya conocía el informe de la UDEF y "ya tenía las respuestas que mi cliente iba a dar". En otro momento del interrogatorio, reiteró: "El juez no le preguntó porque conocía las respuestas y era absurdo preguntarle cuando ya sabía lo que le iba a preguntar".