Las escuchas de Garzón sobre Gürtel fueron avaladas por jueces y fiscales

El juez Baltasar Garzón se sentará a las 10.30 de esta mañana en el banquillo de los acusados del Salón de Plenos del Tribunal Supremo para ser juzgado por haber ordenado grabar las conversaciones de los cabecillas de la trama Gürtel, Francisco Correa, Pablo Crespo y Antoine Sánchez, y las del abogado Ignacio Peláez, que acudió a entrevistarse con el primero. Nunca un juez ha respondido penalmente por ordenar unas intervenciones telefónicas, aunque se han anulado centenares de ellas por defectos de forma. Garzón no solo se enfrenta a un juicio por ordenar dicha prueba, sino a la más que probable pena de hasta 17 años de inhabilitación que conllevará su expulsión irreversible de la carrera judicial.

La intervención de las comunicaciones de los cabecillas de la trama Gürtel con sus abogados, por las que hoy se sienta en Garzón en el banquillo, fueron avaladas por el juez del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que le sucedió en la instrucción, Antonio Pedreira, por las dos fiscales Anticorrupción adscritas a la causa y por el magistrado de la Sala de lo Civil y Penal del TSJM José Manuel Suárez Robledano. Frente a todos ellos y frente al criterio de los fiscales de Sala del Tribunal Supremo Antolín Herrero y Pilar Valcárcel, el instructor del Supremo, Alberto Jorge Barreiro, decidió abrir juicio oral aceptando los argumentos de los abogados de los cabecillas de la trama corrupta.

Las escuchas, según ha explicado Garzón y su defensa, no fueron ordenadas porque sí. Ya en el primer auto en febrero de 2009, Garzón centró las escuchas en el abogado José Antonio López Rubal, dados los claros indicios de que en las actividades de la trama habían intervenido abogados, que dada su condición, podrían actuar de “enlace” de los cabecillas con el exterior. Al resultar ese abogado imputado en la trama, Correa y Crespo lo sustituyeron por Rodríguez Mourullo y Choclán. Garzón prorrogó las escuchas y Anticorrupción no puso trabas.

En su informe de 20 de marzo, Anticorrupción informó a Garzón de que una parte importante de seis conversaciones grabadas se referían a “estrategias de defensa” y debían ser excluidas del procedimiento. Pero al final de ese mismo informe, la fiscalía dijo expresamente que no se oponía a las intervenciones la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal, la unidad policial antifraude. El 27 de marzo, Garzón ordenó la exclusión de las conversaciones interesadas por Anticorrupción.

Al aparecer indicios de criminalidad contra aforados, Garzón se inhibió al Tribunal Superior de Justicia de Madrid. El nuevo instructor, Antonio Pedreira, prorrogó a petición de la fiscalía las escuchas ordenadas por Garzón y, más adelante, en enero de 2010, rechazó anular las grabaciones. Pedreira sostuvo entonces que el derecho de defensa no era “ilimitado” ni una patente de corso a los abogados para colaborar en delitos. También expuso que, bajo supervisión judicial, sí es posible la intervención entre un abogado cooperador y sus clientes. Según Pedreira, de la misma forma que se puede ordenar la entrada y registro en despachos profesionales, se puede, de forma motivada, acordar la intervención de comunicaciones.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid, sin embargo, anuló parte de las intervenciones ordenadas por Garzón. Aunque uno de los tres magistrados, José Manuel Suárez Robledano, se opuso a la anulación por entender que se daba un margen muy elevado de “impunidad y privilegio” a los abogados.