Un velódromo con muchas vueltas

En el verano de 2007, el nuevo Gobierno autónomo de Baleares, presidido por el socialista Francesc Antich, descubrió un colosal descuadre en las cuentas del recién inaugurado polideportivo Palma Arena. La macroinstalación, que incluía un velódromo para pruebas ciclistas en pista cubierta, había disparado su coste de los 43 millones de euros (precio de licitación de la obra) a los 110 millones al finalizar su construcción.

La Fiscalía Anticorrupción investigó el sobrecoste y el juez comenzó a tomar sus primeras decisiones en noviembre de 2008 con distintos registros en las sedes de los organismos encargados de tramitar el expediente de la obra.

Desde entonces, el caso Palma Arena ha dado lugar a 26 piezas separadas con decenas de personas imputadas, muchas de ellos cargos públicos. Entre ellos, Jaume Matas, el ex presidente del Gobierno balear acusado de graves delitos relacionados con la corrupción por los que el juez decreto su prisión eludible bajo fianza de tres millones de euros. Matas no llegó a ingresar en la cárcel porque consiguió ese dinero.

La investigación del sobrecoste del velódromo dio lugar a nuevos descubrimientos de conductas supuestamente ilegales. La Fiscalía Anticorrupción descubrió que Jaume Matas había tomado las principales decisiones respecto al pabellón polideportivo, se fijó en el patrimonio del dirigente del PP y, tras pedir informes periciales a la Agencia Tributaria, concluyó que los bienes del ex presidente eran muy superiores a sus ingresos. De ahí surgió el caso Matas que a punto estuvo de llevar a la cárcel al dirigente del PP. Se libró tras pagar esa fianza millonaria.

En los distintos registros practicados por el juez, la policía halló documentos que, por un lado, acreditaban la supuesta financiación ilegal del PP de Baleares y, por otro, la adjudicación irregular de contratos de publicidad a una empresa privada. Incluso dentro de estos contratos irregulares, la investigación descubrió nuevos delitos, como el que empezará a juzgarse dentro de dos semanas por el pago de casi medio millón de euros a través de una empresa pantalla por parte del expresidente balear a un periodista que le escribía los discursos.

En otros registros ordenados por el juez en organismos públicos autonómicos vinculados al polideportivo Palma Arena, la investigación, que ya se prolonga más de tres años, descubrió documentos sobre convenios de colaboración entre el Gobierno balear y el instituto Nóos, la fundación sin ánimo de lucro que presidía Iñaki Urdangarin, para la organización de distintos eventos.

Tras analizar esos convenios y recabar la documentación que complementaba los mismos, el juez descubrió motivos suficientes para abrir una nueva pieza separada, la número 25 del caso, por apropiación indebida de fondos públicos, malversación de caudales públicos y fraude a la administración.

Nunca el sobrecoste de una obra pública había generado tantas causas judiciales. Desde la que fue origen de todo y tiene que ver con las irregularidades en la contratación de la construcción de un polideportivo, hasta otras vinculadas al enriquecimiento supuestamente ilícito de un gobernante, la financiación ilegal de un partido o los negocios supuestamente irregulares de un duque.