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Carlos Fabra será juzgado por tráfico de influencias, cohecho y fraudes fiscales

Acabada la instrucción, el juicio al expresidente de la Diputación de Castellón se celebrará en 2012

Carlos Fabra, en una imagen de archivo. EFE

El expresidente de la Diputación de Castellón Carlos Fabra será juzgado el próximo año por tráfico de influencias, cohecho y fraudes fiscales. El segundo semestre del año es el periodo que se calcula para la celebración del juicio, después de que el titular del Juzgado número 1 de Nules haya dado por concluida la instrucción sobre Fabra, aún líder del PP de Castellón, abierta en diciembre de 2003.

El conocido como caso Fabra estalló cuando Vicente Vilar, un empresario de productos fitosanitarios, le acusó de cobrarle cantidades millonarias a cambio de favores políticos.

La investigación desembocó en la imputación al dirigente del Partido Popular por varios delitos contra la Administración pública (tráfico de influencias y cohecho) y por fraude fiscal, tras detectar un incremento patrimonial no justificado.

El caso se estancó después de que la Audiencia de Castellón declarara prescritos cuatro de los cinco fraudes fiscales que se le imputaban. Sin embargo, hace apenas 20 días, el Tribunal Supremo sentenció que Fabra debía ser juzgado por todos los delitos de los que se le acusaba.

En el auto hecho público ayer, el titular del juzgado ha dado traslado a las partes para que en un plazo de diez días soliciten la apertura del juicio oral, el sobreseimiento del caso o la práctica de diligencias complementarias. Después, el caso se remitirá a la Audiencia Provincial para que ponga fecha de celebración del juicio que, por el volumen de trabajo que tienen estos juzgados, podría fijarse en el segundo semestre de 2012.

En su auto, el juez describe las gestiones realizadas por Carlos Fabra ante los Ministerios de Agricultura y Sanidad para intentar agilizar las autorizaciones para los productos de su entonces amigo Vicente Vilar. Además, relata cómo obtuvo ganancias de este, por ejemplo, en concepto de pago de “unos supuestos informes sobre seguridad e higiene en el trabajo que nunca fueron entregados”. El juez afirma que “en parte” por las ganancias antes mencionadas, “y en parte por otras fuentes”, Carlos Fabra Carreras y su entonces esposa, María Desamparados Fernández Blanes, “obtuvieron ingresos que ocultaron a la Hacienda pública y que no se correspondían ni con el patrimonio ni con la renta por ellos declarados”.

Tras los dos informes de los peritos que cruzaron las cuentas y patrimonio de la pareja, el juez concluye que Fabra defraudó cerca de 694.000 euros, mientras que señala que Fernández dejó de ingresar en Hacienda casi 429.000 euros.