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Opinión
Texto en el que el autor aboga por ideas y saca conclusiones basadas en su interpretación de hechos y datos

Saber y no contestar

José María Ridao

Impedir que Amaiur disponga de grupo parlamentario propio en el Congreso de los Diputados no ha sido solo un error; ha sido una arbitrariedad. O mejor, ha sido un error porque, sobre todo, ha sido una arbitrariedad. De los tres grupos que componen la Mesa, el Partido Popular, mayoritario, votó en contra de la pretensión de Amaiur y asumió con ello el grueso de la responsabilidad por la decisión. Pero socialistas y convergentes se abstuvieron, con lo que se colocaron en una sorprendente tierra de nadie: ni avalaron ni rechazaron la decisión adoptada por los populares. No fue esta la respuesta que unos y otros ofrecieron a la pretensión equivalente de Unión, Progreso y Democracia (UPyD), que sí obtuvo grupo parlamentario mediante la estratagema de recibir en préstamo un diputado del partido de Álvarez-Cascos. Las reservas legales que las tres fuerzas que componen la Mesa del Congreso trataron de esgrimir en el caso de Amaiur no fueron siquiera planteadas en el caso de UPyD, pese a que su estratagema era pública y conocida.

La Mesa solicitó un informe a los servicios jurídicos antes de pronunciarse sobre la formación de los grupos parlamentarios, pero cabe preguntarse para qué lo hizo. Visto el desarrollo de los acontecimientos, parece que la decisión contra Amaiur estaba tomada de antemano y que el informe solo respondía a un intento de esconder sus razones políticas detrás del reglamento de la Cámara. Puesto que el informe no apuntaba en ninguna dirección, los populares siguieron adelante con su propósito de votar contra Amaiur aunque tuvieran que hacerlo a cara descubierta. Después de cuanto dijeron en la oposición no era imaginable que actuasen de otra manera, salvo que se arriesgaran a perder apoyos entre sus electores antes de haber adoptado siquiera la primera medida de Gobierno. Mientras dependiese del Partido Popular, insistieron sus dirigentes, Amaiur no tendría grupo parlamentario, no sería incluido en la ronda de contactos del presidente electo para formar Gobierno e, incluso, no se vería nunca enteramente a salvo de un proceso de ilegalización. Ahora bien, hablando claro, ¿estaba el Partido Popular en condiciones de adoptar las decisiones contrarias?, ¿respondía su voto a la enérgica búsqueda de la mejor opción para acabar con el terrorismo o, por el contrario, al hecho de que no tenía otra salida para que el electorado que él mismo jaleó no le acusara de defección?

Impedir que Amaiur tenga grupo propio en el Congreso ha sido un error y una arbitrariedad

El Partido Socialista y Convergencia, por su parte, tenían abiertas todas las opciones, aunque se acabaron inclinando por la más improbable. Ambas fuerzas justificaron su abstención en el hecho de que, según entendían, el informe jurídico no era concluyente. Pero lo cierto es que nadie les había preguntado nada sobre el informe, sino sobre la pretensión de Amaiur de disponer de grupo parlamentario propio. Y la abstención por la que se inclinaron no buscaba sugerir que carecían de opinión al respecto, sino que no querían pagar coste alguno por expresarla. Es decir, que no es que no sabían, sino que no contestaban. Si la abstención por la que se inclinaron el Partido Socialista y Convergencia fuera un síntoma del tipo de oposición que se disponen a desarrollar durante la legislatura, la conclusión es que los dirigentes de ambas formaciones confunden el oportunismo y la maniobra con la inteligencia política. Puede que Convergencia esté en condiciones de permitírselo, vistos sus resultados electorales. Para el Partido Socialista, sin embargo, persistir en ese equívoco es ahondar en una de las principales causas que le han llevado al peor fracaso de su historia y que augura un largo periodo de irrelevancia política, sin que nadie, absolutamente nadie, asuma responsabilidades.

Si los tres partidos representados en la Mesa del Congreso estaban convencidos de que no podrían negar a UPyD un grupo parlamentario propio, tendrían que haber hecho cuando menos el esfuerzo de buscar un criterio aplicable a todos los casos similares. Ni siquiera se tomaron esa molestia, unos por una razón y otros por otra. El resultado es que UPyD queda en entredicho, Amaiur cargada de razón por la arbitrariedad de la que ha sido objeto y la Mesa del Congreso marcada como un órgano caprichoso para el que las estratagemas son aceptables o no dependiendo de la fuerza política que las lleve a cabo. Ni siquiera el Partido Nacionalista Vasco sale bien parado, puesto que, aun ajeno a la decisión, se beneficia de ella. Todavía se estaría a tiempo de rectificar, evitando que una legislatura que se augura difícil comience, además, con un mal paso. Si saben, que contesten.

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