El Supremo considera ilegales los contratos de 2.000 brigadistas

El Tribunal declara que la Xunta debe hacer fijos a los agentes contraincendios CIG critica que Medio Rural no negocie y “dilapide 1,2 millones” en indemnizaciones

Peones de Seaga participan en la extinción de un incendio en A Peroxa (Ourense) en 2010.
Peones de Seaga participan en la extinción de un incendio en A Peroxa (Ourense) en 2010. NACHO GÓMEZ

El Tribunal Supremo ha tumbado la situación laboral de los brigadistas que se enfrentan a las llamas en época de máximo riesgo. La contratación de los refuerzos para el dispositivo de extinción de incendios de la Xunta en verano debe ser fija-discontinua y no temporal por obra, como lleva haciendo desde su creación, en 2007, la empresa pública Seaga. El Supremo considera en una sentencia que la contratación “adecuada” para el servicio contraincendios es “por tiempo indefinido de carácter discontinuo” ya que la empresa, que depende de la Consellería de Medio Rural, realiza de forma “anual y cíclica en años sucesivos” las labores de extinción.

Seaga contrata a más de 2.000 trabajadores cada verano de forma irregular, según se deduce de la sentencia. La central sindical CIG insiste en que el sistema de contratación es “ilegal” y, visto el posicionamiento del Supremo, ha alentado que más de 200 brigadistas temporales hayan presentado demandas por despido improcedente.

Seaga condiciona la contratación a si la consellería le encarga la extinción

El precedente del Supremo, que ha creado jurisprudencia con varias sentencias que se pronuncian en el mismo sentido, asegura la reincorporación como fijo-discontinuos —con trabajo durante nueve meses al año— a todos los empleados por Seaga en sus campañas antiincendios que denuncien un despido improcedente. La alternativa para la empresa pública sería indemnizarles económicamente. La Xunta mantiene desde 2007, con el Gobierno bipartito de BNG y PSOE, un sistema de extinción de incendios con dos patas principales: por un lado, los empleados fijos o fijos-discontinuos que trabajan directamente para Medio Rural durante todo el año —también unos 2.000— y, por otro, los contratados por la empresa pública Seaga, que se incorporan en la época de máximo riesgo.

Los brigadistas de Seaga —que acceden a la campaña a través de unas listas de contratación— no mantienen una relación vinculante con la empresa debido a que su contrato por obra que puede renovarse o no cada nueva campaña y son habituales, cada primavera, sus denuncias para reclamar una equiparación de su situación laboral con los empleados de la consellería. Fueron las denuncias de dos trabajadores de Seaga por despido improcedente al terminar un verano las que llegaron al Supremo.

A pesar de que en la primera sentencia los jueces reconocían los despidos improcedentes y se le daba al demandante la opción de ser readmitido como fijo-discontinuo o aceptar una indemnización económica, Seaga recurrió al Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), que le dio la razón. Sin embargo, el Supremo, tribunal al que no cabe apelación, ya había creado jurisprudencia al respecto. El alto tribunal considera que un contrato debe ser indefinido discontinuo cuando el trabajo para el que se le requiere es cíclico, es decir, “en intervalos temporales separados pero reiterados en el tiempo y dotados de cierta homogeneidad”. La sentencia destaca también que la sociedad pública se crea como “un medio de gestión o ejecución de las funciones propias de la comunidad”. El Supremo anula así el fallo del TSXG y remite a los primeros de los juzgados de Ourense y Pontevedra.

Lo que más afecta es lo que sucede más cerca. Para no perderte nada, suscríbete.
Suscríbete

Las 200 reclamaciones de los brigadistas llegan, según la CIG, después de que Medio Rural y la gerencia de Seaga se negaran a negociar un cambio en la contratación de los trabajadores. El secretario nacional de CIG-Servizos, Paulo Rubido, dio a conocer ayer unas sentencias entregadas a comienzos del mes de octubre. “La Xunta sabe desde hace tres meses que la contratación que está haciendo es ilegal y quisimos iniciar un proceso de negociación”, indicó. Pero ante la negativa de la consellería, dijo, la CIG inició una campaña de reclamaciones. Unas 200 demandas que tendrán sus juicios a partir de enero. Rubido calcula que la Xunta “va a dilapidar unos 1,2 millones de euros en indemnizaciones y pagos de salario de trámite que se corresponden a los periodos no trabajados”. “En lugar de solventar una situación ilegal, la Xunta tira para delante y al tiempo que, con el pretexto de la austeridad, hace propuestas como las de cobrarle la comida y la ducha a los usuarios de la sanidad pública, dilapida 1,2 millones en una acción absolutamente inútil y que no reporta nada”, criticó Rubido, que insistió en que los brigadistas no persiguen como fin las compensaciones económicas. El portavoz de la CIG explicó que si Medio Rural no modifica sus contrataciones pondrá “abogados gratis” a todos los brigadistas.

Aunque Seaga depende de Medio Rural y el conselleiro, Samuel Juárez, es su presidente, portavoces de ese departamento no quisieron aclarar si modificará el tipo de contratación y enmarcaron el asunto en un problema laboral de la empresa. El gerente de la sociedad, Pablo Arbones, condiciona la fórmula de contratación a si Medio Rural encomienda a Seaga la extinción de incendios el próximo año. “Y por ahora no la hay”. Todos los veranos sin excepción desde 2007, Seaga contrató brigadistas para el refuerzo del verano, una de las características del trabajo —“intervalos temporales separados pero reiterados en el tiempo y dotados de una cierta homogeneidad”— que estima la sentencia. Aunque desde que llegó a la Xunta el PP repitió que Seaga era un modelo a cambiar —de “red clientelar” la tachó Feijóo en la oposición—, Juárez lo mantuvo en las tres campañas que estuvo al frente del dispositivo.

Rubido anunció también la existencia de otra sentencia del Tribunal Supremo —aunque afirmó que aún no tenían una copia— que considera “cesión ilegal de la Xunta” a Seaga el trabajo de un brigadista y que, por lo tanto, “debe ser admitido en el Pladiga [plan contraicendios, es decir dentro de los empleados directamente por la Administración]”. “Eso abre la puerta a que los 2.000 trabajadores empleados por Seaga puedan demandar también por cesión ilegal y entrar en el Pladiga el año que viene”, remató.

Regístrate gratis para seguir leyendo

Normas

Archivado En

Recomendaciones EL PAÍS
Recomendaciones EL PAÍS
Recomendaciones EL PAÍS