La exlíder de Unio Mallorquina se niega a declarar por las tramas electorales

El partido de Unió Mallorquina (UM) se extinguió en 2010, destrozado por sus escándalos y la imputación de sus dirigentes y cargos públicos, pero UM sigue vivo en los juzgados, en la investigación sobre más demedia docena de casos abiertos. La exlíder Maria Antònia Munar, que estuvo al frente del Consell de Mallorca y del Parlamento de Baleares, en alianzas sucesivas con el PP y el PSOE, compareció este lunes,como imputada por el caso Voltor, uno de los varios casos de corrupción en los que está imputada. Pero se ha acogido a su derecho de no declarar alegando que no estaba en condiciones de hacerlo debido a su delicado estado de salud.

Munar adujo que no estaba en disposición de contestar a causa del tratamiento de un cáncer que padeció. Semanas antes ya argumentó que esta situación personal le impedía acudir al juzgado y someterse al interrogatorio del juez, los fiscales y los letrados. La juez rechazó la pretensión de evitar la declaración personal y le obligó a comparecer.

En cuatro causas diferentes (Voltor, Picnic, Maquillaje y Ossifar) se investigan supuestas tramas corruptas de desvíos de fondos públicos para financiar el aparato electoral de UM. La expresidenta de UM está siendo investigada por la juez Carmen Abrines sobre la supuesta contratación de más de tres decenas de agentes electorales del partido por parte de empresas contratistas del Consell. Con Munar están imputados otros políticos y excargos del Consell. Un gerente de un consorcio informático pactó con la fiscalía y entregó documentación supuestamente comprometedora sobre la trama, la llamada sa xarxa (la red) definida en la estrategia escrita de UM.

Munar, que está en libertad bajo fianza, está acusada de malversación de caudales públicos, fraude, prevaricación y tráfico de influencias. La expolítica fue visitada semanas atrás por médico forense para determinar la gravedad de su estado de salud, tras negarse a ir a recoger el auto de apertura de un juicio oral por otra causa por supuesta corrupción. Entonces otra juez, Carmen González, acordó que un funcionario se desplazase hasta el domicilio de la política –en el pueblo de Costitx- para notificarle el auto y la acusación fiscal que pesa contra ella. La expresidenta del Consell y del Parlamento libró certificados e informes médicos para demostrar la gravedad de su estado para evitar acudir a los juzgados.