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Un exalcalde recibió un Mercedes por luz dar a una urbanización ilegal

La juez procesa a 9 personas por construir 293 viviendas en suelo rústico en la localidad alicantina de Lliber

José Mas, exalcalde de Lliber, al salir del juzgado.

El exalcalde de LLíber (Alicante), José Más, del PP, primer imputado de la trama urbanística destapada en esta localidad de la Marina Alta recibió un coche de la marca Mercedes a cambio de autorizar un tendido eléctrico en la zona en la que se levantaron las 293 construcciones ilegales, todas en suelo no urbanizable. La dádiva, según consta en el sumario, la realizó otro de los cabecillas de la trama, el promotor Miguel Muntaner.

El ex regidor, siempre según el sumario, se embolsó además 3.000 euros por cada de una de las 293 licencias de obras que autorizó de manera fraudulenta entre 1999 y 2003. Las casas eran vendidas a una media de 150.000 euros y preferentemente a clientes extranjeros.

El exregidor Mas y el promotor Muntaner fueron arrestados y encarcelados por estos hechos y en la actualidad están en libertad bajo fianza.

La magistrada que instruye este sumario, la titular del Juzgado número 4 de Dénia, ha dictado ya el auto de procesamiento que inicialmente afecta a 9 personas. No obstante, la resolución de la magistrada ha sido recurrida en apelación por la partes a la Audiencia de Alicante. El alto tribunal todavía no se ha pronunciado. El fiscal del caso también ha presentado un escrito de impugnación a los recursos de apelación.

El sumario se abrió por los supuestos delitos de cohecho, estafa, prevaricación y contra la ordenación del territorio.

La magistrada ha inculpado al exalcalde del PP José Más por los supuestos delitos de prevaricación, cohecho y contra la ordenación del Territorio. Junto al exregidor, la juez también ha procesado a otros tres concejales de la junta de gobierno del Ayuntamiento que votaron a favor de conceder las licencias. Uno de esos concejales ya ha fallecido. Y por lo que toca la corporación, la magistrada también inculpa al aparejador municipal y la secretaria. El primero está considerado por la investigación como uno de los puentes de los que se valió la trama para cristalizar la estafa. Este funcionario daba luz verde a proyectos que supuestamente pretendían la rehabilitación de almacenes de casas agrícolas, cuando en realidad se trataba de construcciones de nueva planta. Por cada uno de esos informes el funcionario recibía unos 25.000 euros de los promotores.

El aparejador desvió el dinero que obtuvo de las licencias para las casas ilegales a Andorra. La Guardia Civil intervino un total de 2,4 millones de euros en las cuentas bancarias que el funcionario tenía en este pequeño país, fondos que procedían de las ilegales operaciones.

El procesamiento de la secretaria municipal, según fuentes del caso, tiene su origen en el hecho de que validará los acuerdos de la junta de gobierno autorizando las edificaciones, pese a que el suelo estaba calificado como no urbanizable.

Además de los políticos del PP y los dos altos funcionarios de la corporación, la magistradas también ha acordado el procesamiento de cuatro promotores, el mencionado Miguel Muntaer, un segundo de nacionalidad inglesa y dos alemanes (un padre y su hijo).

En sus recurso de apelación, una de las acusaciones particulares pide que se amplíe el procesamiento a otros tres constructores. El fiscal respalda esta petición. Mientras, otras de las acusaciones pide el procesamiento para otras cuatro personas más (tres abogados y un notario). El ministerio público no se adhiere a esta segunda propuesta por entender que no hay indicios de delitos en esas cuatro personas que inicialmente fueron imputadas en el sumario.