Los juzgados inmovilizaron 13.900 millones de euros en 2010

Los juzgados de toda España ingresaron, durante el pasado año, más de 13.900 millones de euros, en concepto de fianzas, consignaciones y depósitos que se requieren a los implicados en procedimientos judiciales. Este dinero fija su destino cuando las resoluciones son firmes y determinan si las cantidades han de devolverse a sus propietarios originales o se utilizan para el pago de multas o costas procesales.

Sin embargo, la lentitud de la justicia hace que el dinero esté depositado y retenido durante meses, sin que se le dé una salida y sin que sus depositarios puedan, en ningún caso, hacer uso de él. Además, los procesos mercantiles son los que mayor cantidad de depósitos realizan de manera que, la demora en la resolución de los litigios, puede llegar a provocar que una empresa quiebre cuando tiene cantidades inmovilizadas con las que podría mantener su producción.

Los jueces decanos de toda España se reunieron esta semana en Vitoria y plantearon, precisamente, la posibilidad de implantar tasas judiciales "disuasorias" para evitar la saturación que en la actualidad sufren los tribunales y evitar así las reclamaciones "abusivas, reiterativas, innecesarias, banales o carentes de fundamento". Los jueces precisaron que “no es un copago” sino “tasas pedagógicas para situaciones concretas”, tal como las calificaron.

Esta mañana, el juez decano de Castellón, José Luis Conde, ha reprochado a los partidos que durante la campaña no se realizara ninguna alusión a la Justicia y, aunque asumió que el tema central ha sido la crisis, recriminó que no se haya tenido en cuenta este depósito de miles de millones de euros “que podría estar en circulación y está paralizado”.

En el duro alegato que realizaron los decanos tras su reunión, los jueces aludieron a esos miles de millones de euros “inmovilizados en los órganos judiciales fuera del circuito económico” y preciaron que “justicia ágil es un elemento fundamental para favorecer la seguridad jurídica y por tanto la reactivación económica y la inversión interna y extranjera”. Y concluyeron que la incapacidad y saturación del sistema de justicia ha desembocado en una “Administración obsoleta y caótica, incomprensible en su funcionamiento e incapaz de generar confianza ni hacia dentro ni hacia fuera. Negarlo es engañarnos”.