Portavoz en precario

El apoyo de la Fiscalía del Tribunal Supremo a la investigación de la juez de Instrucción número 3 de Lugo, Estela San José, sobre la supuesta implicación del ministro de Fomento y portavoz del Gobierno en funciones, José Blanco, en los delitos de tráfico de influencias y de cohecho que le atribuye el empresario gallego Jorge Dorribo, sitúa este caso, abierto en vísperas de las elecciones generales, en una nueva dimensión de mayor consistencia jurídica y, por tanto, más comprometida para el ministro y portavoz.

El Tribunal Supremo, al que la juez de Lugo envió su exposición razonada sobre los indicios que apuntan a Blanco, no se ha declarado todavía competente en el caso ni ha sido designado todavía, por tanto, juez instructor. Blanco tampoco ha sido llamado a declarar ni ha tenido ocasión de dar su versión sobre los hechos en sede judicial. No está imputado. El procedimiento penal que le implica se ha instruido hasta ahora, en razón de su condición de aforado, al margen del ministro y sin que tenga constancia oficial de su existencia. Pero el aval de la Fiscalía del Tribunal Supremo a la actuación de la juez de Lugo y la petición al alto tribunal de que siga la investigación implica que da verosimilitud a los indicios que señalan al ministro y que está en disposición de acusarle, si llegara el caso.

La cuestión que se le plantea a Blanco es si su anómala situación procesal —un ministro que todavía no ha sido llamado a declarar ante el juez ni está imputado, pero al que la Fiscalía del Supremo considera merecedor de ser investigado— es compatible con el desempeño de un cargo público tan relevante como el de portavoz del Gobierno. A estos efectos es irrelevante que se trate de un Gobierno en funciones, al que le quedan dos o tres semanas de vida y otras tantas reuniones del Consejo de Ministros. No es irrelevante, en cambio, que sea Blanco quien dé cuenta de las últimas decisiones que toma el Gobierno de Zapatero antes de dejar La Moncloa.

La acusación que se proyecta sobre el ministro, de la que hay constancia pública por la decisión de la Fiscalía del Supremo de avalar la investigación sobre el ministro en este tribunal, se cohonesta mal al menos con las funciones de portavoz. No importa que hasta la fecha no haya comparecido ante el juez, ni esté imputado, ni que se haya enterado de las diligencias judiciales que le afectan por una extraña conjunción mediático-judicial producida en vísperas electorales. Tampoco sirve de mucho lamentar que la investigación de la juez de Lugo solo se base en la denuncia de un empresario imputado por corrupción y en correos electrónicos no contrastados y descontextualizados.

La incompatibilidad de esa anómala situación procesal con sus funciones de portavoz del Gobierno no se debe a razones jurídicas; son razones políticas, éticas y de imagen del propio Gobierno como tal las que aconsejan que alguien sobre el que planea una acusación que afecta al ejercicio de sus funciones ministeriales deje de actuar como portavoz del Ejecutivo.