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Los obispos no pedirán al PP que derogue las leyes de aborto y matrimonio gay

"La CEE nunca dice a ningún gobernante qué es lo que tiene que hacer", asegura Martínez Camino

Nuevo Gobierno, nuevo talante. El portavoz de la Conferencia Episcopal Española (CEE), el jesuita Juan Antonio Martínez Camino, ya se esfuerza en espantar la idea de que la jerarquía del catolicismo está eufórica con la victoria del PP. Pero están tan satisfechos que ni siquiera van a pedir al nuevo Ejecutivo la derogación de leyes que en años pasados les llevó a amenazar con la excomunión a quienes las votaran y para las que han pedido la insumisión social. Esta vez, no. Incluso, niegan los prelados que alguna vez hayan dicho qué y cómo se tiene que legislar en España. "La CEE nunca dice a ningún gobernante qué es lo que tiene que hacer. No lo ha dicho a Gobiernos anteriores y tampoco se lo va a decir a éste. La postura de la Iglesia es pública y notoria. No se va a dar ninguna directiva al Gobierno [Rajoy], porque no se le ha dado nunca a nadie”, ha proclamado el portavoz este mediodía en conferencia de prensa.

Martínez Camino, que es además obispo auxiliar del cardenal Antonio María Rouco, ha tenido que reiterar sus argumentos para convencer a los periodistas, que le recordaban un pasado de manifestaciones en la calle contra leyes del Ejecutivo Zapatero. Insistió. “El proceder de la Iglesia es siempre muy respetuoso con todos los gobernantes. No sería su función ni su estilo decir qué es lo que tienen que hacer, y nunca lo ha hecho. Sería la primera vez. Lo que sí decimos es cuál es la postura de la iglesia. Y hemos dicho que hay leyes en España claramente injustas. Los gobernantes sabrán lo que tienen que hacer si quieren tener leyes justas; si quieren que no se violen los derechos humanos, si quieren que la crisis que es económica y social, pero también moral, tenga una salida. Pero dar recetas, eso ya sabe usted cuál es el modo de actuar de la conferencia. Somos respetuosos con todos los gobernantes”.

¿Y las manifestaciones de decenas de obispos por las calles de Madrid, liderados por el cardenal Rouco, a su vez presidente de la CEE? El portavoz Camino no se ha amilanado ante la nueva pregunta. Eso ha ocurrió, efectivamente, pero fue porque “se trataba de una ley absolutamente inaudita en la historia de la civilización occidental”. Se refería a la legalización en 2005 de los matrimonios entre personas del mismo sexo”. Añadió: “Es una ley que suprime, que borra, del lenguaje jurídico las palabras padre y madre, y esposa y esposo, que han dejado de ser conceptos jurídicos en España. Se quitaba ese derecho a todos los españoles, el derecho a ser tratado como esposo y esposa. Era una innovación gravísimamente injusta sobre el matrimonio y la familia. Entonces, un grupo de obispos pensaron que debían manifestarse junto a centenares de miles de fieles”.

También minimizó el portavoz la ofensiva episcopal contra otras muchas propuestas del Gobierno Zapatero socialista. “De esas otras leyes hemos dicho que no tienen carácter de ley porque lesionan derechos fundamentales. Eso lo hemos dicho siempre, sea del Gobierno que sea”. Según Martínez Camino, esas actitudes las tomó la jerarquía “por racionalidad humana guiada por la fe”. “No son leyes, aunque sean leyes. Pero nunca hemos dado directivas al Gobierno. Sería falso decirlo. Podemos dar consejos, pero no directivas”, ha remachado.

Los obispos españoles han estado reunidos en Madrid en asamblea general desde el lunes, y el jueves por la mañana recibieron la visita del economista Juan Velarde Fuertes, para que les ilustrase sobre la crisis económica. Velarde Fuertes (Salas, Asturias, 1927), falangista en el pasado, fue director de la sección económica del diario Arriba, órgano del Movimiento, y uno de los redactores de las ponencias económicas del I Congreso Nacional de la Falange, en 1953. También ha sido profesor de la Universidad Pontifica de Comillas, propiedad de los jesuitas, y vicedecano de la Facultad de Ciencias Políticas y Económicas de la Universidad Complutense. En la actualidad es vocal del Tribunal de Cuentas, a propuesta del PP. En 1992 recibió el Premio Príncipe de Asturias de Ciencias Sociales.

En esta asamblea plenaria de otoño han participado 74 de los 75 obispos que hay actualmente en activo: dos cardenales, trece arzobispos más el vicario general castrense, 52 prelados diocesanos y siete obispos auxiliares. También estuvieron presentes en la plenaria tres cardenales, dos arzobispos y cinco obispos eméritos, además del obispo de Gibraltar y representantes de las Conferencias Episcopales de Francia, Italia, Portugal y Polonia.