Patrimonio democrático

El pasado miércoles se celebró en la Casa de América en Madrid un debate con motivo de la presentación del libro El momento político de América Latina, organizado por la Fundación Carolina, en el que intervinieron Enrique Iglesias, Rebeca Grynspan, el expresidente de Chile Ricardo Lagos y Felipe González. Se habló, obviamente, de América Latina, pero se habló también de Europa y España y de la crisis que estamos atravesando, definida de manera consensuada no como una época de cambio, sino como un cambio de época.

No dispongo del espacio suficiente para reflejar el contenido del debate, pero sí quiero subrayar, porque es pertinente para lo que voy a sostener en este artículo, que Ricardo Lagos, no en su intervención inicial, pero sí en su comentario a otra de las intervenciones, recordó que el expresidente de Brasil, Lula, había calificado el modelo de Estado construido en Europa a lo largo del siglo XX, que solemos denominar Estado del Bienestar, como un Patrimonio Democrático de la Humanidad. Preservar ese patrimonio no interesa solo a Europa, sino que interesa a todo el mundo, porque su pérdida afectaría al futuro de toda la humanidad.

Preservar significa reformar. En las sociedades democráticamente constituidas la reforma es la única manera de preservar fórmulas de gobierno que se considera que son valiosas. Preservar el Estado del Bienestar exige, en consecuencia, estar preparados para hacer los cambios que sean necesarios para que tal Estado sea sostenible. Pero sin perder de vista que el resultado final de las reformas no puede suponer una desnaturalización del mismo.

Esto es lo que nos estamos jugando en este momento en Europa en general y en España en particular. En nuestro país, además, el problema se plantea conectado con la forma en que hemos desarrollado la estructura descentralizada del Estado que contempla la Constitución. Pues el Estado del Bienestar español se ha construido al mismo tiempo que se ha construido el Estado de las Autonomías, siendo, además, las comunidades autónomas las que se han encargado de la gestión de algunos de los ejes centrales de dicho Estado.

La coincidencia entre Estado social y Estado autonómico ha sido una singularidad española y de ahí que nos encontremos en este momento ante un reto doble. Hay que preservar el Estado del Bienestar, pero hay también que preservar el Estado autonómico. Nuestro patrimonio democrático está constituido por ambos. O los preservamos conjuntamente, o nos deslizaremos por una pendiente, cuyo final no podemos saber con seguridad cuál será, pero nos podemos temer lo peor.

Resulta difícil de explicar que, encontrándonos como nos encontramos, ante un doble reto de esta trascendencia se hayan celebrado unas elecciones generales, en las que apenas se ha debatido sobre el mismo. Nada de nada sobre el Estado autonómico. Prácticamente nada sobre el Estado del Bienestar. Hemos ido a votar en cierta medida a ciegas. Tan a ciegas que, recién celebradas las elecciones los ciudadanos de Cataluña se han encontrado con que el Gobierno de la Generalitat, a la vista de los resultados, ha adoptado una serie de medidas de las que los ciudadanos no habían oído hablar. En el momento en el que se les está pidiendo un voto de confianza, se les oculta información sobre lo que se iba a hacer en cuanto hubieran votado. ¿Es un anticipo de lo que puede hacer el Gobierno presidido por Mariano Rajoy una vez que sea investido presidente? ¿Hasta cuándo vamos a tener que esperar para saber qué es lo que se nos viene encima? A pesar de la intensidad de la crisis, hemos tenido una relativa paz social en estos últimos años. Sería importante que esto no se perdiera de vista cuando se tomen decisiones.