Defensa alega que ignora que el oficial haya sido imputado

Aunque los dos soldados que denunciaron al teniente fueron apartados de sus puestos —ambos se dieron inmediatamente de baja médica por motivos psicológicos— , éste continuaba a día de ayer en la secretaría del Director de Asuntos Económicos de la Armada.

La ley de la Carrera Militar faculta a la ministra de Defensa a decretar la suspensión de funciones de un militar profesional “como consecuencia del procesamiento, inculpación o adopción de alguna medida cautelar” por parte del juez. Esta facultad, delegada en el subsecretario, se puede tomar, por un máximo de seis meses, “valorando la gravedad de los hechos imputados, la existencia o no de prisión preventiva, el perjuicio que la imputación infiera a las Fuerzas Armadas o la alarma social producida”.

Uso de vehículo oficial

El teniente I. E.M. no ha sido procesado ni está en prisión preventiva, pero sí ha sido imputado por un presunto delito de abuso de autoridad, castigado con penas de tres meses a cinco años de prisión en el Código Penal Militar.

En su declaración ante el juez, el pasado 11 de noviembre, el teniente no solo reconoció prácticas sexuales con subordinados —aunque insistiendo en su carácter voluntario—, sino también el empleo irregular de medios públicos. En concreto, admitió que el día de su boda utilizó, sin pedir autorización, dos vehículos del parque móvil de la Armada: una berlina Audi A4 y una furgoneta Mercedes Viano.

Los testimonios de los soldados van mucho más allá: aseguran que utilizaba vehículo y chófer oficial para acudir a locales de alterne y que incluso les ordenaba poner las prioritarias (la sirena) para circular de madrugada a toda velocidad, lo que le costó alguna multa de tráfico a la Armada. El teniente se justifica diciendo que su objetivo era practicar técnicas de conducción evasiva “por razones de seguridad” y que solo “muy puntualmente” ordenó a algún soldado que hiciera “gestiones de carácter personal”.

Todas estas irregularidades serían suficientes para que la Armada y el Ministerio de Defensa tomaran medidas sin esperar al desenlace del procedimiento penal, pero tanto uno como otro aseguran que el juzgado aún no ha comunicado la imputación del teniente. Ayer mismo, la Armada decidió consultar al juez para confirmar oficialmente su inculpación. Pero el escándalo es tan mayúsculo que muchos creen que acabará por colgar el uniforme, voluntariamente o no.