Cuatro órganos judiciales investigarán las filtraciones del ‘caso Campeón’

Las sucesivas filtraciones a la prensa sobre el sumario, aún bajo secreto, del caso Campeón, que afecta al ministro de Fomento, José Blanco, dos exparlamentarios gallegos y varios ex altos cargos de la Xunta, serán investigadas por las fiscalías del Estado y de Lugo, así como el Tribunal Supremo y el Superior de Justicia de Galicia. No obstante, las consecuencias, en caso de haberlas, en unos y otros casos no serán las mismas. Y por si no fuera suficiente, existe un enfrentamiento entre la magistrada de Lugo que instruye la causa principal de la Operación Campeón, Estela San José, y la Fiscalía provincial.

Ayer, mes y medio después de publicarse los primeros datos, la Fiscalía de Lugo abrió una investigación “para conocer las circunstancias de la filtración de los hechos” del sumario “publicados en el diario El Mundo a partir del día 4 de octubre”. En esa fecha, el periódico reveló que el principal imputado en la Operación Campeón, el empresario Jorge Dorribo, había declarado ante la juez de Lugo que pagó comisiones en metálico tanto al ministro de Fomento, José Blanco, como a los exdiputados autonómicos Pablo Cobián (PP) y Fernando Blanco (BNG).

El CGPJ mueve ficha

Pero ayer, el Consejo General del Poder Judicial volvió a mover ficha. Si la semana pasada decidió remitir la denuncia de la juez a la Fiscalía del Estado, ayer instó al Supremo y al Superior de Justicia de Galicia a que realicen “las actuaciones que consideren oportunas sobre los hechos denunciados” e informen de las pesquisas realizadas al Consejo. “A la vista del resultado de las actuaciones que se reciban, se acordará lo que proceda”, concluye el acuerdo de la Comisión Permanente.

El vocal del Poder Judicial José Manuel Gómez Benítez, a la vista de la actuación de la Permanente hasta esa fecha, había requerido la semana pasada al presidente del Consejo y del Supremo, Carlos Dívar, para que, “en relación con el contenido que pudiera afectar a dicho alto tribunal”, se abra una inspección a la Sala de lo Penal del Supremo y el Gabinete de Comunicación, con el fin de aclarar si partieron de este órgano las informaciones publicadas por varios medios de comunicación sobre el caso.