“Parar la Dependencia es un paso atrás de dimensiones históricas”

El sector de los servicios sociales está indignado, pero sobre todo, “desazonado”, por las declaraciones de Mariano Rajoy en las que declara abiertamente que la Ley de Dependencia “no es viable”. “Si el candidato popular sigue por ese camino se arriesga a una quiebra de la cohesión social, porque cuando la red pública y las organizaciones sociales no pueden prestar sus servicios a las personas que lo necesitan se encarga la familia y si eso falla se produce la quiebra”, ha dicho el presidente de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, José Manuel Ramírez. "Esto supone un paso atrás de dimensiones históricas en el concepto constitucional de Estado social. Trasladar la cobertura pública a iniciativas caritativas es volver a la beneficencia, prácticas predemocráticas superadas hace décadas", ha añadido Ramírez.

En la entrevista concedida a EL PAÍS, el candidato popular afirma que “ayudar a quien no se vale por sí mismo es un objetivo loable”, pero señala que se mantendrá el modelo de bienestar que “permitan los ingresos”. No es un objetivo loable, sino un derecho, el que tienen los dependientes reconocidos, gracias a una ley que contó en su día con el apoyo del PP. “Demuestra insensibilidad hacia el millón de dependientes que hay ya reconocido como tal y de cuyo derecho dependen no solo su calidad de vida, sino las de sus familias”, señala Ramírez. Acusa, además, a Rajoy de “irresponsabilidad” por “no tener en cuenta en tiempos de crisis que esta ley ha generado ya 165.000 empleos y que tiene retornos económicos nada desdeñables”.

En 2010 el Gobierno aportó para la financiación de la Dependencia 1.828 millones de euros y las comunidades autónomas 3.551. El coste total del sistema supuso el año pasado 6.301 millones de euros, teniendo en cuenta todas las partidas, no solo las prestaciones concedidas a los dependientes, lo que representa el 0,64% del PIB. 

En términos políticos, esta asociación estatal lamenta la “incoherencia” del discurso del candidato, cuando afirma que no habrá recortes sociales: “Pues justo esta materia es la más social de todas. Por esa vía puede poner en peligro la cohesión social. Y eso es grave, porque España, a pesar de tener menos cobertura social que otros países de su entorno ha mantenido una gran cohesión”, afirma Ramírez.

La desazón del colectivo se debe a otra promesa de Rajoy, cuando afirmó recientemente en un mitin en Castilla y León que esa comunidad era el ejemplo que tomaría para su Gobierno, por sus buenos resultados en Educación y Dependencia, entre otras materias. “Pero, finalmente, parece que se impone el modelo de Madrid y de Valencia, y los recortes de Cospedal en Castilla-La Mancha, con resultados nefastos en esta área”.

Movilizaciones

La coordinadora estatal en defensa de la Ley de Dependencia (que agrupa a varias plataformas por todo el país) ha anunciado movilizaciones antes de que se celebren los comicios. “El señor Rajoy no está bien informado, paralizar esta ley sería un drama en muchas comunidades, cuyos presupuestos y los del Gobierno ya se están destinando a los servicios que se prestan. Hay miles de plazas de residencias concertadas que se quedarían sin pagar. O Rajoy no sabe de qué habla o está mal asesorado”, ha dicho el coordinador estatal, Jaime Esteban García. “Puede que haya que mejorar la financiación de la ley, entre todas las Administraciones, pero de cargársela, nada, es una ley buena y plantea mecanismos para su cogestión entre todos”.

El CERMI, la plataforma de la discapacidad, ha exigido a los partidos que manifiesten un compromiso firme con el mantenimiento de las conquistas sociales: “Estos avances han de ser mantenidos a toda costa como logros irrenunciables y no son susceptibles de reducción o recorte, por lo que los poderes públicos han de preservar ese nivel de derechos y apoyos e incrementarlo con políticas y legislaciones enérgicas de inclusión".

Las asociaciones valencianas han anunciado concentraciones para mañana en Valencia y Alicante a las doce y a la una en Orihuela, frente a las delegaciones de Bienestar Social.  En la capital de la Comunidad Valenciana se concentrarán también a las doce ante la sede del Partido Popular. En Toledo habrá un acto de protesta a las seis de la tarde cercano a la sede del PP.