El 'caso Prestige' todavía busca culpable

Nueve años después, el pequeño juzgado de Corcubión (A Coruña) termina la instrucción del caso Prestige. Por si alguien no se acuerda, se trata de un viejo petrolero cargado con 70.000 toneladas de un combustible viscoso y sucio que zozobró a escasas millas de la costa gallega un 13 de noviembre de 2002 y envió la correspondiente señal de alerta. Lo que podría haber sido un accidente se convirtió una semana después en el mayor desastre ecológico sufrido en Galicia.

Como el tiempo ha borrado la huella del chapapote en las playas de Galicia hay una tendencia muy oportunista por reinterpretar aquel suceso: todo parece indicar que el Gobierno de la Xunta y el Gobierno central volverán a ser del PP en próximas fechas, como sucedió entonces. Y en esa relectura, el argumento es el siguiente: el desastre era inevitable a pesar de que el accidente se gestionó adecuadamente. La prueba de todo ello es que el daño ecológico ha sido ya reparado.

Algunos de los protagonistas de aquellos días han regresado a la escena: Francisco Álvarez Cascos es presidente de Asturias y Mariano Rajoy está a punto de serlo del Gobierno español. Cascos era el ministro de Fomento. Impetuoso él, avaló la decisión de enviar al Prestige al “quinto pino” y alejarlo de la costa, cuando todos los protocolos e incluso los simulacros realizados previos al accidente recomendaban lo contrario: trasladar el buque a algún refugio para minimizar los daños. Rajoy, como vicepresidente, fue el encargado de gestionar la propaganda: Aznar era cada vez más amigo de Bush y el PP gobernaba con el viento a favor camino de una segunda mayoría absoluta.

La decisión de alejarlo agravó la estructura del petrolero, que terminó partiéndose en dos tras una semana de errática navegación soltando ese líquido negro y viscoso. Pero el Gobierno se apresuró a anunciar que el peligro había pasado. Se resistió a hablar de “marea” y empleó el término “mancha negra”, aun cuando alguna de ellas tuviera una superficie equivalente a 27 veces el municipio de A Coruña. Explicó que la mancha no era peligrosa porque el crudo “se solidificaría y se hundiría en el mar”. Se dijo también que el buque se partiría en dos partes navegables que seguirían alejándose de la costa. Finalmente, llegarían los famosos “hilillos de plastilina” de Rajoy.

Con el barco alejándose y soltando “manchas que se hundirían” o “hilillos de plastilina”, algunos de los ministros de fueron de fin de semana: Cascos se fue a cazar al Pirineo, Matas (ministro de Medio Ambiente) se marchó a Doñana junto a Acebes (Interior) y Ana Pastor (Sanidad). Y Fraga también se fue de caza a Toledo. Para cuando regresaron, las manchas terminaron de convertirse en una espantosa marea negra.

El desastre del Prestige tuvo muchos padres. Uno de ellos fue el armador y otro la agencia de calificación que dio el visto bueno a un buque en estado comatoso. Hacia ellos se dirigió la estrategia del Gobierno español durante estos años en busca de un culpable exterior que pagara la correspondiente indemnización por los daños causados. Por esa razón, el Gobierno socialista evitó un juicio político de aquella gestión. Eso y la lentitud de la justicia explican que, nueve años después, el caso Prestige no tenga un culpable reconocido.