El PP recupera como alto cargo a un edil inhabilitado por la justicia

El alcalde de Sevilla La Nueva (Madrid), Mario Utrilla (PP), ha colocado como asesor —con un sueldo de 37.500 euros anuales, el doble que el de un concejal— a Juan Antonio Teresa, un político de su partido condenado a seis meses de cárcel y tres años de inhabilitación para ejercer un cargo electivo por coaccionar a una edil socialista. En la práctica, Teresa sigue ejerciendo unas funciones muy parecidas a las que tenía asignadas antes de ser condenado.

Teresa fue condenado por un incidente que protagonizó en 2002 cuando era alcalde de este pueblo (8.500 habitantes). La concejal Concepción Rojas (PSOE) acudió al Ayuntamiento para recabar información con la intención de preparar un pleno. Localizó varios informes del Plan General de Ordenación Urbana que consideró importantes y los fotocopió. Teresa no quería que salieran a la luz esos documentos, “secretos” según él, aunque el proyecto estaba en fase de exposición pública.

Una secretaria vio a la concejal haciendo las reproducciones y alertó al alcalde. Este ordenó de inmediato al secretario del Ayuntamiento y más tarde al jefe de Policía Local que recuperasen los documentos a toda costa. La concejal socialista se negó y permaneció retenida casi tres horas en las instalaciones del Ayuntamiento.

La sentencia asegura que Teresa impidió a la edil “el acceso a la información necesaria para el ejercicio su función pública y cívica, uno de los principios rectores de un Estado democrático”.

Teresa era primer teniente de alcalde cuando el Tribunal Superior ratificó la sentencia. Entonces tuvo que dimitir, pero eso no significó que siguiese en primera línea. El actual alcalde, Mario Utrilla, utilizó un subterfugio para mantenerlo en su equipo de Gobierno. El pasado 18 de enero, el PP presentó una enmienda a los presupuestos para crear una plaza de personal eventual, un cargo llamado coordinador de Áreas y Servicios de Urbanismo. Tras las elecciones de mayo —a las que Teresa no podía concurrir—, la jugada se volvió a repetir. En el primer pleno de la legislatura, el PP creó una plaza de coordinador de Concejalías como puesto de libre designación del alcalde. Utrilla defiende a Teresa como “un hombre muy válido y necesario para el Ayuntamiento”. “Cumplimos estrictamente con la legalidad”, se defiende, “no choca lo que hemos hecho con lo que dictan los jueces. Se le inhabilitó para un cargo electo y nosotros sencillamente lo ponemos como asesor. No veo que esto falte a la ética”.

La oposición lo ve así. El Centro Democrático Liberal (CDL, dos ediles), escribió a la presidenta regional, Esperanza Aguirre (PP), para explicarle lo ocurrido, pero no recibió respuesta. Esta formación considera un escándalo la “maniobra” del PP para mantener en sus filas a un político condenado por atentar contra la información. “Incluso puede ser un fraude de ley en cuanto que vulnera el artículo 42 del Código Penal, ya que se le ha creado un puesto de trabajo, ex profeso, con idénticas atribuciones que el cargo de un concejal”, señala Carmen Amarillo, portavoz de la formación. En definitiva, una burla a la justicia, en su opinión.