Bildu se garantiza el apoyo socialista a su reforma fiscal en Gipuzkoa
La Hacienda foral resta importancia al riesgo de desarmonización tributaria
Bildu tiene prácticamente asegurado el apoyo de los socialistas para sacar adelante su reforma fiscal en Gipuzkoa, que afectaría por ahora a los impuestos del IRPF, Sucesiones y el de Patrimonio. El PSE-EE considera “limitada y parcial” la propuesta tributaria del Gobierno foral, pero respalda las grandes líneas marcadas en la reforma tributaria, como se observó ayer durante el debate celebrado en las Juntas Generales. El voto favorable de aquella formación solo está a expensas de que Bildu acepte introducir mejoras para incentivar la actividad económica de Gipuzkoa, según fuentes socialistas.
En una comparecencia ante el Legislativo, la diputada de Hacienda, Helena Franco, explicó que la propuesta tributaria de Bildu supondría aumentar la recaudación en 54,2 millones por el IRPF, otros 27,5 por el Impuesto de Patrimonio y 11,3 millones por el de Sucesiones y Donaciones. A estos 93 millones de incremento habría que restarle 19,6 millones por la deflactación en un 2% de la tarifa del IRPF para amortiguar la subida del IPC.
Franco, que se congratuló por la “sintonía general” a favor de la reforma, admitió que esta es “un primer paso” e “insuficiente”, por lo que anunció que a lo largo de 2012 su departamento abordará “una reflexión profunda” para continuar por la senda de la “equidad y la progresividad” impositiva, dos principios que a su juicio inspiran los cambios que pretenden aprobar antes del próximo 31 de diciembre para que surtan efecto desde el año que viene.
Cada guipuzcoano pagará 135 euros más de media al año. Esta carga recaerá principalmente en las rentas más altas, subrayó Franco. Así, los contribuyentes con rentas inferiores a 20.000 euros anuales pagarán menos que hasta ahora y la repercusión a quienes declaren entre 20.000 y 30.000 euros será de 44 euros. Por debajo de estas cantidades se concentra el 72% de los 401.000 contribuyentes guipuzcoanos.
El IRPF contará con dos nuevos tramos en la tarifa general,de modo que a partir de 120.000 euros anuales el tipo impositivo se fijaría en el 47% y a partir de 175.000 euros, en el 50%. Otras variaciones que propone el Gobierno foral son aplicar una tasa del 24% para las rentas de ahorro superiores a 1.500 euros y situar el límite máximo de deducción por las EPSV (planes de previsión) en 5.000 euros. Se pretende que los ciudadanos dejen de utilizar esta vía para pagar menos impuestos, dijo la diputada.
El PP criticó los cambios porque “perjudican” a las clases medias y tienen una escasa repercusión recaudatoria, cifrada en el 2% del conjunto de los ingresos fiscales, según el juntero Juan Carlos Cano. Rebeka Ubera, de Aralar, juzgó “positiva” a la vez que “insuficiente” la reforma planteada por Bildu.
Sobre le Impuesto de Patrimonio, Franco indicó que se mantendrá con la misma estructura que tenía el vigente en 2008. Afectará a 5.218 contribuyentes y su impacto recaudatorio será de 27,5 millones, frente a los 45 millones ingresados en 2009. Los cambios en el Impuesto sobre Sociedades se dejarán para el próximo ejercicio. La diputada dijo que no existe un cálculo sobre el coste de la renta básica de ciudadanía que pretende someter a debate el Departamento de Política Social.
Respecto al riesgo de una desarmonización fiscal en el País Vasco, Franco lo dejó muy claro: “Armonización sí, pero sin vulnerar el derecho a aprobar cambios” en materia impositiva. El PNV le afeó esta valentía y advirtió de que una actuación unilateral de Gipuzkoa, sin el visto bueno del Órgano de Coordinación Tributaria (OCT), podría provocar una “falta de seguridad jurídica” del nuevo régimen fiscal.
El PNV y el PSE interpelaron a la diputada por el riesgo de romper la unidad con Bizkaia y Álava si antes no se acuerdan los cambios. “Hemos intentado lograr le máximo nivel de acuerdo, pero no se ha sacado nada en claro. Por eso nosotros hemos dado este paso; otros son los que no han querido entrar” por esta vía, afirmó Franco. Itziar Agirre, juntera del PNV, explicó que los cambios que afecten a aspectos sustanciales de los impuestos requieren un informe preceptivo del OCT, algo que no ha ocurrido en este caso, aseguró.
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