Rajoy ni cita el trasvase del Ebro y apunta a una prórroga de las nucleares

La batalla del Ebro pasó a mejor vida. Diez años después de que el Gobierno de José María Aznar impulsara una obra colosal para llevar agua del Ebro hasta la huerta de Murcia pasando por la Comunidad Valenciana y ocho años después de que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero derogase aquel trasvase para apostar por la construcción de desaladoras en la cuenca mediterránea, el PP nacional intenta olvidar aquella guerra entre territorios y limar las crecientes hostilidades entre sus barones por el agua.

En este punto, el PP prácticamente copia lo que llevó en el programa electoral de 2008. Con un matiz: ya no da por hecho que hay cuencas con excedentes de agua que se puedan trasvasar, sino que incluye que habrá trasvases "si hubiere" excedentes, algo que no estaba hace cuatro años. Entonces daba por hecho la existencia de caudal sobrante para enviar a otras cuencas, aunque ya le costó pactar un vago texto que aceptaran todos sus barones.

El programa afirma: "Nos proponemos garantizar el derecho de todos a disponer de agua suficiente y de calidad atendiendo en primer lugar a las reservas estratégicas, a la realización de las obras del pacto del agua de Aragón y a mantener el principio de preferencia de uso de los territorios por donde transcurren las cuencas, en aras al interés de sostenibilidad y del desarrollo de actividades sociales y económicas de los territorios, transfiriendo los sobrantes, si los hubiere, de aguas de cuencas excedentarias a las deficitarias". Del Ebro, ni palabra. Del Tajo-Segura, tampoco. El PP alega que el programa es realista y que hoy no conseguiría fondos europeos para financiar la colosal obra. Además, con el clima antitrasvase de la desembocadura del Ebro y Aragón sería imposible acometer la construcción.

El texto pretende mitigar el enfrentamiento creciente entre los populares de la Comunidad Valenciana y Murcia frente a los de Castilla-La Mancha (liderados por la secretaria general del partido, Dolores de Cospedal) y Aragón. Los dos primeros llevan ocho años agitando el trasvase del Ebro y culpando al Gobierno de Zapatero de trasvasar poca agua desde el Tajo. La estrategia ha dado frutos y con el agua han conseguido arrinconar a los socialistas. Ahora, Cospedal ha protestado contra el último desembalse del Tajo al Segura ordenado por el Ministerio de Medio Ambiente y Rudi en Aragón no quiere ni mentar el trasvase del Ebro, que rompería su pacto con el Partido Aragonés.

Hace cuatro años, el PSOE gobernaba en Aragón, Cataluña, Castilla-La Mancha, pero ahora los populares de Levante ya no pueden culpar a los socialistas si no llega el agua. El equilibrio de poder dentro del PP se desplaza de Valencia y Murcia al interior, aunque la consigna es evitar el enfrentamiento en público hasta, al menos, el 20-N.

Aunque Rubalcaba ni habló del agua en su mitin en Murcia, los socialistas de estas comunidades, muy dagnificados por la guerra del agua, van a utilizar el agua como arma. El PSOE de Murcia ha pedido la reprobación de Cospedal en la Asamblea regional por oponerse al último trasvase y ver si el PP regional vota contra su secretaria general. En Castilla-La Mancha, el PSOE también ha pedido una comparecencia en las Cortes para que Cospedal se moje y explique su postura.

La propuesta electoral sobre el agua añade: "Promoveremos un gran pacto nacional basado, entre otros criterios, en los de unidad de cuenca, sostenibilidad ambiental, prioridad de uso en la propia cuenca con garantía de las necesidades presentes y futuras de la misma, y solidaridad interterritorial". La alusión a la unidad de cuenca -el principio según el cual una cuenca de un río no se puede trocear aunque afecte a varias autonomías- choca con lo defendido por los populares en Castillla y León y Andalucía, donde han apoyado estatutos que contravienen esa unidad de cuenca, según el Tribunal Constitucional.

En relación con la política energética, el PP opta por defender una prórroga de la vida de las nucleares pero lo hace con un lenguaje alambicado, para iniciados:"Gestionaremos los permisos de los emplazamientos nucleares, conforme al cumplimiento de los estrictos criterios de seguridad impuestos por el Consejo de Seguridad Nuclear y las autoridades europeas, de forma que la prolongación de su operación redunde en un menor coste de la energía para los consumidores".

Rajoy consideraba hace solo unos meses "un error" cerrar la nuclear de Garoña en 2013 y se ha comprometido a alargar la vida hasta 2019, algo que recibió el aval del CSN. En su programa electoral, no cita esta central aunque abre la vía para que se pueda alargar la vida útil de esa y otras nucleares si el Consejo de Seguridad Nuclear da su visto buen. A cambio, las centrales con más de 40 años, que están amortizadas de sobra, cobrarían la electricidad que producen más barata. Un sector del PSOE ya intentó imponer esa especie de peaje a Garoña si seguía abierta, más allá de 2011, cuando ha cumplido 40 años.

En ningún caso habla de construir nuevas plantas de ese tipo en España, ya que con la demanda eléctrica actual y la potencia instalada no es necesario ni hay ninguna eléctrica dispuesta a embarcarse en esa gigantesca inversión.