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TRIBUNA

El fin de ETA y la Constitución

A la banda no se le pide que se arrepienta o que se “rinda”, pero sí que se calle, y que se autoliquide

Nada más elogiable que no escatimar ningún esfuerzo para lograr el fin completo de ETA y de su terror; y por ello deben apoyarse sin duda todos los esfuerzos nobles en tal sentido, y no partir a priori de una desconfianza radical e intransigente que impida avanzar para conseguir este fin. Pero para clarificar un tanto qué pasos pueden darse realmente, y si esos pasos son o no correctos, con independencia de los criterios políticos y morales y de cualquier opinión que sea respetable, debe realizarse un examen objetivo de qué camino es el que debe seguirse a la vista de un canon fundamental e imprescindible: las exigencias de nuestra Constitución. Ello a estas alturas resulta necesario, dados los últimos acontecimientos, y en especial, el último comunicado de ETA.

I.- El adiós definitivo, material e incondicional a las armas.

Despejada cualquier duda sobre algo obvio, que es la imposibilidad (rayana en lo simplemente disparatado), de contemplar la posibilidad de hacer "concesiones políticas", que resultarían intrínsecamente perversas e inconstitucionales, la primera exigencia constitucional que sí debe tenerse en cuenta es que lo único que puede hacer ETA es ciertamente abandonar definitivamente la acción criminal y violenta; pero ello debe hacerlo no de una forma retórica, sino material e incondicional. Si no, toda petición complementaria de sus declaraciones, y más como las que ha realizado en su último comunicado, arroja siempre una formidable duda sobre algo fundamental: la incondicionalidad del abandono de la violencia; el adiós a sus armas debe ser por tanto incondicional y absoluto, y materializarse en la entrega de sus arsenales a los legítimos poderes del Estado, sin más condiciones o peticiones, de forma inequívoca y guardando silencio, que es lo mínimo que se les puede pedir por respeto a los inocentes asesinados, extorsionados y secuestrados.

II.- Los días del pasado: el olvido y la memoria.

ETA debe realizar tales actos sin poner por delante la extravagante autoalabanza narcisista que se contiene en su último comunicado. Hace muchos años que en esta opaca organización criminal los medios se convirtieron en fines en sí mismos; siempre sus actos fueron criminales, pero el velo de sus presuntas finalidades políticas ya cayó para siempre desde que asesinó al filántropo y benefactor Ibarra al final de los años setenta. Desde entonces, es una organización que solo persigue eliminar a los que considera sus enemigos, sin ningún fin político real, es decir, su fin era solo el cometer crímenes y extorsiones. La única finalidad que realmente podría ya tener todo ello es la que confiesa en el genial 1984 de Orwell el lacayo del invisible Gran Hermano, O'Brien: "No estamos interesados en el bien de los demás; solo estamos interesados en el poder"... "el poder no es un medio, es un fin"... "el objeto de la tortura es la tortura"... "el objeto del poder es el poder"; nada para la gente ni para el bien social, que no les importan lo más mínimo, sino solo conseguir y mantener el poder, el poder a toda costa; al igual que el comandante terrorista irlandés Gallagher en la gran novela El delator, de Liam O'Flaherty, que reconoce a la hermana de su compañero, ejecutado tras ser delatado, que no siente ninguna compasión por la clase obrera; afirma que "no puede tener piedad, ni compasión, ni creencias" y que no sabe qué le satisface, aunque "quizás solo conquistar el poder".

Pero sobre todo la autoalabanza del último comunicado tiene además un gravísimo inconveniente: es manifiestamente en sí misma excluyente e incompatible con todo arrepentimiento, por lo que a mi juicio impide constitucionalmente la reinserción sincera de los presos que sigan considerándose miembros de ETA; ETA en este aspecto, en cuanto a los días del pasado, lo único que debe practicar es el olvido, y dejar a sus miembros en libertad de arrepentirse y pedir en forma creíble la reinserción y la rehabilitación social.

Frente a ello, la sociedad debe mantener a toda costa la memoria y el apoyo y homenaje efectivo a las víctimas, a sus familias y a los servidores del orden, y a todas las personas que valientemente han denunciado y perseguido sus delitos públicamente con riesgo de sus vidas, los que tanto se han sacrificado y arriesgado por nosotros, y esta memoria tiene que poner a cada uno en su sitio: ellos solo querían matarnos y oprimirnos a nosotros; estos otros han muerto por nosotros o estaban dispuestos a morir por nosotros y por nuestras libertades.

III.- El triunfo de la ley y de la libertad.

A mi juicio también, es obvio que la Constitución y la ley impiden de raíz que ningún poder del Estado pueda dialogar con ETA ni considerarla como interlocutora para ninguna finalidad, como pretenden el comunicado y la bienintencionada pero en gran parte irreal comunicación de la conferencia de San Sebastián; ETA solo puede renunciar incondicional y unilateralmente a las armas y al terror, y la condición que tiene que cumplir justamente para conseguir la generosidad del Estado con sus presos es precisamente la de no hacer declaraciones incompatibles con el legalmente necesario arrepentimiento de sus miembros, o que permitan dudar de la veracidad de sus intenciones, como ocurre ostensiblemente con el último comunicado. Debe sacrificar su absurdo ego al bien de sus presos, y eso es lo único correcto que puede hacer en estos momentos; no se le pide que se arrepienta o que se "rinda", pero sí que se calle, y que se autoliquide incondicionalmente para que, extinguidos los férreos e inexorables vínculos organizativos y la obnubilación y el miedo que muy probablemente esos vínculos producían en muchos de sus miembros, ello permita a sus presos arrepentirse y reinsertarse creíblemente en la sociedad de acuerdo con la ley y el marco constitucional.

Si esto se consuma como es absolutamente deseable, ello supondrá en definitiva el triunfo de la ley y de la libertad. Los magistrados del Tribunal Supremo y luego del Tribunal Constitucional que constataron que Bildu satisfacía (como así era) las exigencias legales y constitucionales, al aplicar la Constitución propiciaron, contra los que algunos creen, el triunfo efectivo de los derechos fundamentales de todos y la llegada irreversible de la paz por la aplicación de la Constitución; este es el único marco en que es concebible la paz: el triunfo de la Constitución, la ley y de la libertad, que es la única decisión que ya tomó irrevocablemente la ciudadanía en 1978 al aprobar la Constitución, y sus valores y exigencias son el único criterio que debe guiar lo que quede del bienvenido proceso del fin de ETA.

José Luis Fuertes Suárez es abogado del Estado excedente. Abogado del Estado ante el Tribunal Constitucional desde 1982 hasta 1996.