La oposición balear pide someter las nuevas urbanizaciones a referéndum

Una de las tradicionales polémicas políticas de Mallorca está centrada en la batalla contra el desarrollismo urbanístico, en conocer dónde se sitúan los límites del territorio urbanizable, qué debe ser paisaje virgen y qué solares y parcelas para alzar hoteles, campos de golf, parques temáticos y chalés residenciales.

La izquierda y los nacionalistas en la oposición batallan para frenar la nueva política del PP, con mayoría absoluta en todas las instituciones de Baleares. El grupo conservador, para plasmar su cambio político y reactivar la economía, invita a los inversores a construir nuevas urbanizaciones. Alude a la nueva “seguridad jurídica” y a la necesidad de no tener que pagar 900 millones de euros en indemnizaciones a promotores que no pueden construir sus proyectos, medida que la izquierda vetó.

Ante la propuesta, firme, del Gobierno de Baleares del PP de modificar leyes y rectificar antiguas prohibiciones, con el fin de liberalizar territorios ahora protegidos y permitir nuevas construcciones, los nacionalistas del PSM emplazan al PP a convocar consultas populares. Quieren someter a la opinión ciudadana las decisiones del Gobierno, que rectificarán antiguas políticas progresistas de preservación del medio ambiente.

La minoría del PSM en la cámara (cinco de los 59 diputados, de los que 35 son del PP) presupone que la votación ciudadana rechazaría nuevas urbanizaciones. “De boquilla y en casa de los demás es fácil preservar”, manifestó el consejero de Medio Ambiente, Biel Company, del PP, que auguró un gran éxito en los hipotéticos referendos que, según él, deberían incluir la pregunta “proteger con su dinero”. El diputado del PSM Antoni Alorda reclamó la celebración de referendos convencido de que ganaría la postura proteccionista.