Los fiscales conservadores exigen mandar sobre la policía
Reclaman competencia para poder adoptar “medidas cautelares” en investigaciones patrimoniales
La Asociación de Fiscales (AF), mayoritaria en la carrera y de carácter conservador, presentó ayer en Málaga las conclusiones de su congreso anual entre las que exige “la dependencia funcional de los policías judiciales exclusivamente respecto de los fiscales, sin interferencias de los departamentos gubernamentales responsables”. También reclaman la competencia para poder adoptar “medidas cautelares” en investigaciones patrimoniales. Como nuevo presidente de la AF fue elegido el fiscal Francisco Jiménez Villarejo.
Entre la veintena de propuestas de los fiscales conservadores figuran, además del mando funcional sobre la Policía Judicial, otras habituales como la autonomía presupuestaria del ministerio fiscal y el carácter vinculante de la mayoría de los vocales del Consejo Fiscal —órgano en el que la AF siempre ha tenido la mayoría— en materia de nombramientos. Esta última propuesta aseguraría que, en la práctica, todos los nombramientos fuesen a parar a integrantes de la AF o a fiscales propuestos por ellos.
La primera de las conclusiones de los congresistas ha sido para despedirse del actual fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, cuyo mandato han “reprobado” porque, a su entender, “ha supuesto un descrédito del ministerio fiscal en tanto que se ha alejado de los principios de autonomía e imparcialidad”.
Sanción encubierta
Los fiscales conservadores reclaman también un nuevo estatuto orgánico que suprima la posibilidad de que el Gobierno pueda llamar al fiscal del Estado para que comparezca ante el Consejo de Ministros. También quieren que se suprima la competencia del Ministerio de Justicia para imponer la máxima sanción disciplinaria de separación del servicio.
En la misma línea, proponen que se cree “una función específica de amparo” para los casos en que se pretenda “inquietar la autonomía e independencia de los fiscales”.
También exigen que se suprima, por considerarlo una “sanción encubierta”, la remoción de fiscales jefes por el Gobierno a propuesta del fiscal general del Estado, previa audiencia del Consejo Fiscal y del interesado.
Por último, muestran su “rotunda oposición” a la reciente reforma que permite el reingreso a quienes desempeñan cargos políticos “en condiciones privilegiadas, inadmisibles y discriminatorias para los demás fiscales”.
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