Defensa revisa los programas de armas para ahorrar 5.200 millones

¿Necesita España 87 cazas de ataque Eurofighter, 235 carros de combate Leopardo, 45 helicópteros de transporte NH-90? Y, sobre todo, ¿puede pagarlos? Cualquiera que sea la respuesta a la primera pregunta, la respuesta a la segunda es: no.

Lo dejó claro el secretario de Estado de Defensa, Constantino Méndez, en su comparecencia parlamentaria del pasado 21 de septiembre. No solo por lo que dijo en público, sino sobre todo por el contenido de los tres exhaustivos informes que ha remitido al Congreso y a los que ha tenido acceso EL PAÍS.

En las conclusiones del primer volumen, titulado Informe de análisis de la situación financiero-presupuestaria y fechado en septiembre pasado, puede leerse: “[Se] evidencia la insuficiencia de la capacidad financiera del Ministerio de Defensa para hacer frente en el presente y en el futuro a las obligaciones contratadas [...]; la carga de pagos comprometida es de tal envergadura que colapsa cualquier proyección presupuestaria sensata a medio y largo plazo [...]; será prácticamente imposible afrontar nuevas adquisiciones en los próximos 20 años [...]; no será posible tampoco sufragar el coste de mantenimiento de los sistemas adquiridos en unos niveles operativos adecuados [...] de forma que, paradójicamente, las adquisiciones relacionadas con el proceso de modernización de las Fuerzas Armadas pueden provocar la parálisis operativa de las Fuerzas Armadas”. El diagnóstico no puede ser más sombrío.

El origen del problema está claro. En las cuatro últimas legislaturas, Defensa contrató sistemas de armas por valor de 23.959 millones de euros —el 85% con Gobiernos del PP— pero no aumentó de manera proporcional sus presupuestos. Recurrió a una fórmula imaginativa (“ilusión financiera”, la denomina el informe) consistente en financiar los programas con créditos sin interés del Ministerio de Industria, de los que ya se han desembolsado 14.000 millones. Y ahora toca devolverlos.

El problema, además, se ha agravado por la desviación al alza de los costes. Los 23.960 millones que sumaban los contratos de los llamados Programas Especiales de Armamento, 19 en total, ya se elevaban a 26.692 millones en diciembre de 2009, cuando el Ejecutivo aprobó la última revisión. Pero Defensa estima que su coste final oscilará entre los 31.600 y los 36.800 millones. Es decir, una desviación superior al 30% en el mejor escenario y al 50% en el peor.

Con independencia de otros factores, Defensa reconoce, en uno de sus informes, que parte del problema se debe a la “notable situación de debilidad de la propia Administración en la gestión de los programas [de armamento], que propicia que los contratistas adquieran un excesivo poder”. Y añade: “No se ejerce un control riguroso, siendo habituales los retrasos y los sobrecostes, sin que esa dinámica implique exigencia de responsabilidad y depuración de la misma”.

Para evitar que la situación se agrave —lo que significa ahorrar al menos los 5.200 millones de diferencia entre el coste máximo y el mínimo estimados—, Defensa ha preparado una batería de medidas agrupadas en tres apartados: la reprogramación, la reordenación y la compensación. En el primero se incluye el alargamiento de los pagos hasta el año 2030, en vez del 2025 como estaba previsto hasta ahora. En el segundo, la revisión exhaustiva de los programas de armas, cancelando algunos y reduciendo otros, siempre que ello sea posible. En el tercero, la compensación —un eufemismo para no hablar de condonación— de los 14.000 millones que las empresas tienen que devolver a Industria, pero solo cuando les pague Defensa.