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Gallardón espera ahorrar hasta 140 millones con el traspaso del metro

El Ayuntamiento de Madrid reduciría su aportación al Consorcio Regional de Transportes

Hoy discute con la Comunidad sobre los servicios del Samur y el Summa

Gallardón (izquierda) y Aguirre, inaugurando en marzo la ampliación de la línea 2 de metro. Ampliar foto
Gallardón (izquierda) y Aguirre, inaugurando en marzo la ampliación de la línea 2 de metro.

Un ciudadano madrileño realiza de media 230 trayectos en transporte público al año, de los que aproximadamente un 45% son en metro o metro ligero, otro 45% en autobús urbano o interurbano, y el resto en tren de cercanías. En total suman 1.500 millones de viajes en una red que cuesta 2.300 millones de euros al año. Cuatro de cada diez euros se sufragan con los billetes y abonos de transporte, y el resto lo aportan la Comunidad, el Ayuntamiento de la capital y el Gobierno central.

En concreto, este año la aportación municipal ha ascendido a 224 millones. Esta cantidad sirve para sufragar autobuses urbanos de la EMT, metro y metro ligero. El Ayuntamiento calcula que, en caso de ceder la gestión y financiación del metro a la Comunidad, podría ahorrarse entre 110 y 140 millones de euros anuales. Todo ello sin perder representación en el Consorcio Regional de Transportes, que es quién gestiona la red pública en su totalidad.

Actualmente, el Ayuntamiento posee el 75% de las acciones del metro (el resto son de la Comunidad), aunque el usufructo y los derechos políticos están cedidos en ambos casos al Consorcio. El Gobierno de Alberto Ruiz-Gallardón considera que la red de metro se ha convertido con el paso de los años en un servicio supramunicipal, y por tanto se muestra dispuesto a traspasar su parte a la Comunidad dentro del proceso de reparto de competencias abierto tras las elecciones de mayo.

Ayuntamiento y Comunidad mantienen hoy su quinta reunión sobre este asunto, que se está tratando en una comisión de la Asamblea regional sobre duplicidades. Hoy se hablará de bibliotecas, de instalaciones deportivas y de los servicios de emergencia del Samur y el Summa. En este último punto el acuerdo a corto plazo para unificar la gestión parece muy complicado; sin embargo, sí se han producido avances en otros aspectos, como escuelas infantiles, centros de día o metro.

La oposición, tanto en el Ayuntamiento como en la Comunidad, se mostró ayer muy crítica con la forma en que se está gestionando el reparto de competencias. El portavoz municipal socialista, Jaime Lissavetzky, acusó a Gallardón de “vender las joyas de la abuela para conseguir ingresos”. “Primero vendió suelo municipal, luego el Canal de Isabel II, y ahora el metro. Va a convertir el Ayuntamiento en algo muy pequeñito”, añadió. IU dijo tener la impresión de que son dos empresas y no dos Administraciones las que están estudiando cómo fusionarse o repartirse sucursales, y cargó contra el “oscurantismo” con el que se está llevando. Esa “opacidad y falta de transparencia” fueron también el blanco de las críticas del portavoz municipal de UPyD, David Ortega. En la Asamblea, el líder de IU, Gregorio Gordo, acusó al PP de aprovechar el reparto de competencias para justificar tijeretazos de los servicios públicos. Coincidió en ese temor la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos, que augura “un tremendo recorte justificado como ordenación”.

El control sobre el metro propició en verano el enésimo pulso de poder entre Ayuntamiento y Comunidad. En 2004, recién llegada a la presidencia, Esperanza Aguirre trató de hacerse con todo el poder en este servicio, pero se encontró con la oposición frontal del alcalde, que amenazó con salirse del Consorcio. Aquel enfrentamiento se cerró con un pacto que dejo las competencias ejecutivas a la Comunidad y la responsabilidad técnica al Ayuntamiento. El control efectivo corresponde así a Aguirre, que ahora está en condiciones de obtener lo que ambicionó en 2004. El Ayuntamiento cuenta en cualquier caso con mantener sus cinco representantes en el consejo del Consorcio, los mismos que la Comunidad; Gobierno y sindicatos tienen dos cada uno, y los representantes de los consumidores uno.