A pesar de todo, balance positivo

Ley de matrimonio homosexual, enmienda constitucional de limitación del déficit público, retirada de las tropas de Irak, aumento sustancial del salario mínimo y de las pensiones mínimas, ampliación del permiso de paternidad, ley de la memoria histórica, reforma del sistema de pensiones, independencia de RTVE, leyes antitabaco, ley del divorcio, ley de dependencia, Conferencia de Presidentes autonómicos, eliminación y recuperación del impuesto de patrimonio, ley de plazos del aborto, aumento sustancial de la inversión en I+D, proceso de paz y desaparición de la actividad terrorista, ley sobre violencia de género, 0,7% de ayuda exterior, carné por puntos y disminución drástica de los muertos en carretera, abaratamiento del despido, cheque bebé y retirada posterior del mismo, regularización de inmigrantes, recortes a los funcionarios, ley sobre violencia de género, reforma del sistema de financiación de las autonomías, limitación de la publicidad institucional, ley de igualdad entre hombres y mujeres, etcétera.

Cabe preguntarse si es posible encontrar un hilo conductor que dé sentido a esta maraña de intervenciones. Para poder responder, hay que recordar primero cuál era el punto de partida. En marzo de 2004, el PP perdió las elecciones por mentir sobre la autoría del peor atentado terrorista de la historia de España. Aquello fue un intento grave de subvertir las reglas democráticas engañando a la ciudadanía. La situación económica del país era buena en lo económico pero mala en todo lo demás: el estilo autoritario de Aznar había tensado al máximo las relaciones con las naciones vasca y catalana y el apoyo a la guerra de Irak, en contra de la opinión pública española, fue un error capital. No es entonces de extrañar que tanto el programa electoral de 2004 como el primer discurso de investidura de Zapatero dieran gran importancia a la política exterior, a la recuperación de las formas democráticas y a la cuestión territorial.

La política exterior de Aznar fue rectificada antes incluso de la primera reunión del Consejo de Ministros, con el anuncio de la retirada de las tropas de Irak. En cuestiones de democracia y ciudadanía, el Gobierno tomó medidas muy importantes sobre nuevos derechos civiles y sociales. Inspirado por la filosofía del republicanismo, que introducía una perspectiva original en los planteamientos tradicionales de la socialdemocracia, el Gobierno impulsó un proyecto radical destinado a aumentar la autonomía de colectivos ciudadanos especialmente vulnerables (homosexuales, dependientes, inmigrantes sin papeles, mujeres maltratadas). En este sentido, la política social más importante fue la ley de dependencia, si bien su desarrollo se centró en transferencias a las familias y no en la creación de una red de personal especializado en atención a los dependientes que hubiera generado actividad económica y mayor tasa de actividad en el mercado de trabajo. En política social, además, faltó un impulso decidido a la creación de guarderías públicas, una medida más útil socialmente y más eficiente económicamente que, por ejemplo, el cheque bebé.

En la misma línea republicanista, Zapatero se propuso reforzar las instituciones y el Estado de derecho. Su mayor contribución en este campo, que dejó en evidencia a todos los Gobiernos anteriores de la democracia, fue garantizar la independencia de la televisión y la radio públicas. Hubo, sin embargo, dos leyes, la de transparencia y la de laicidad, que podrían haber culminado estos cambios durante la segunda legislatura y que, debido a cálculos políticos miopes, se quedaron en un cajón.

En materia territorial, Zapatero normalizó las relaciones con las autonomías, desactivó el Plan Ibarretxe, convocó la Conferencia de Presidentes y propuso una reforma constitucional del Senado bastante razonable que el PP se negó a considerar. La litigiosidad territorial en el Tribunal Constitucional decayó significativamente con respecto a la época de Aznar. También alentó Zapatero una reforma de los estatutos de autonomía como desarrollo de la “España plural”. Aquí, sin embargo, todo quedó ensombrecido por el confuso episodio del Estatuto catalán, en que se acumularon los despropósitos por parte del tripartito y del Tribunal Constitucional y que terminó dejando insatisfechos a casi todos.

Relacionado con el problema territorial, Zapatero se arriesgó enormemente con el proceso de paz. Se ha repetido una y mil veces que el proceso fracasó, como si la solución policial, que dura ya más de cuatro décadas, hubiera sido un éxito indiscutible. Sin embargo, hay que reconocer que, gracias al proceso, el PSE fue recompensado en las urnas y hubo, por primera vez, un lehendakari no nacionalista: la ciudadanía vasca valoró positivamente la iniciativa del Gobierno y entendió que fue ETA quien frustró las expectativas. En este sentido, el elemento crucial que decantó la decisión de los de Otegui de poner distancia con ETA fue el veto de los terroristas al acuerdo de Loyola alcanzado entre el PSE, el PNV y Batasuna. El proceso, por lo demás, no sirvió a los terroristas para reorganizarse.

Curiosamente, los resultados menos brillantes se produjeron en el ámbito económico, que era la mejor herencia del Gobierno de Aznar. Solbes puso el piloto automático y se dejó arrastrar por la inercia del boom. No solo se desatendió la reforma fiscal, sino que el Gobierno ni siquiera se atrevió a retirar las deducciones por compra de vivienda. Aquí no hubo propuestas audaces. El PSOE, completamente ciego, basó buena parte de su programa electoral de 2008 en la expectativa del pleno empleo, cuando era entonces evidente no que vendría una gran recesión, pero sí que se complicaría el panorama económico mundial. En estas llegó la crisis y pilló a Zapatero con el paso cambiado. Su reticencia a reconocer la crisis y la refutación sistemática de sus vaticinios optimistas fueron el comienzo de una pérdida irreversible de sintonía con la opinión pública.

España, con todo, fue uno de los países europeos que mayor esfuerzo realizó en políticas anticíclicas en 2009. Pero en 2010 llegó la crisis de la deuda en el área euro y Europa forzó un cambio radical de rumbo. Resulta ilusorio pensar que cualquier otro Gobierno pudiera haber evitado el ajuste que se le impuso a España en mayo de 2010. No obstante, la respuesta sí podía haber sido más equilibrada, pues el Gobierno se negó en rotundo a tomar medidas para que las grandes fortunas y las grandes empresas contribuyeran al sacrificio colectivo. Zapatero se metió a continuación en una reforma urgente de las pensiones, a pesar de que no tenía ninguna relación con la crisis, y abarató el despido en contra de lo que él mismo había estado manteniendo hasta unas pocas semanas antes. Pero sin duda la medida más extraña y de más difícil justificación para un Gobierno socialdemócrata ha sido la limitación constitucional del déficit, una medida destinada a paliar una situación coyuntural que ata arbitrariamente las manos del Ejecutivo en el futuro. Dicho esto, debe reconocerse que, a pesar de todas las críticas que puedan hacerse, España ha logrado, por el momento, evitar la intervención que Grecia, Irlanda y Portugal han sufrido, lo que no es poco.

¿Cómo se valorarán estas dos legislaturas en el futuro? El balance quedará marcado por la crisis, que truncó el proyecto político del Gobierno. En la parte no económica se acabará valorando la importancia que tuvo el proceso de paz en el fin de ETA y se reconocerá el éxito del Gobierno en este campo tanto durante como después del proceso. Quedará para la historia de la infamia la acusación de Rajoy a Zapatero de “traicionar a los muertos”. Pero a mi juicio, el principal legado, y también el más duradero, de los Gobiernos de Zapatero consistirá en las reformas democráticas y en la implantación de los nuevos derechos civiles y sociales, que han hecho de España un país menos áspero y más decente.

Ignacio Sánchez-Cuenca es profesor de Sociología en la Universidad Complutense y autor de Más democracia, menos liberalismo (Katz).