Detenidos cuatro de los 22 indignados imputados por atacar instituciones

Los Mossos d’Esquadra han empezado a arrestar a los indignados que el pasado 15 de junio asediaron el Parlamento catalán y hostigaron a una docena de diputados. Cuatro de esas personas fueron detenidas por la mañana en sus casas y lugares de trabajo, según fuentes judiciales. La búsqueda puede alargarse toda la semana. La Audiencia Nacional ha ordenado a la policía catalana que tome declaración y entregue la citación a los imputados para que comparezcan ante el tribunal. Las detenciones, criticadas por el Movimiento 15-M, han sido decididas por los Mossos, según fuentes judiciales,

La Audiencia investiga a 22 personas por un presunto delito contra las instituciones del Estado, castigado con penas de entre tres y cinco años de cárcel por “actos de fuerza, intimidación o amenaza” contra los representantes públicos. Los indignados han sido puestos en libertad tras declarar en comisaría y su detención ha quedado sin efecto. Los agentes les han entregado la citación para acudir a declarar este próximo jueves. Según fuentes del caso, era preciso localizarles porque algunos carecen de domicilio conocido.

La operación policial persigue otro objetivo, según las mismas fuentes: reforzar las pruebas contra los imputados para acreditar su participación en los hechos. Los Mossos han basado su investigación en las imágenes captadas por medios de comunicación. Las detenciones les van a permitir tomar fotografías de los implicados, que podrán contrastar con las que captaron las cámaras de televisión.

“Era necesaria una última identificación”, ha admitido por la tarde el consejero de Interior, el convergente Felip Puig. El responsable político de los Mossos ha asegurado que estos se limitan a “hacer lo que dice la Audiencia” y ha negado que las detenciones sean una represalia contra el colectivo, informa Camilo S. Baquero. “Esto va solo contra los que obstruyeron el Parlament”, ha dicho.

El 15-M de Barcelona ha expresado su “rechazo firme” a un proceso “jurídico-político” y ha mostrado su apoyo a los “represaliados” por “plantar cara a los recortes en sanidad y educación”. Un millar de indignados han recorrido esta noche las calles del centro de la capital catalana como protesta. El abogado de uno de los detenidos, Jaume Asens, ha afirmado que las detenciones son innecesarias porque los implicados ya están identificados y localizables. Y añadió que se trata de un “escarnio público”.

Tras el cerco al parlamento catalán, el consejero de Interior, Felip Puig, aseguró que iban a investigar hasta dar con las personas que promovieron o ejercieron directamente la violencia frente al parlamento. La policía identificó a 22 personas como los responsables de los altercados, y remitió su informe a la fiscalía. La Audiencia Nacional asumió el caso porque podría suponer un delito contra los “altos organismos de la nación”. El sindicato ultra Manos Limpias se ha personado en la causa como acusación popular.

Los incidentes ocurridos el pasado 15 de junio tuvieron lugar tras la convocatoria por parte del movimiento 15-M de una protesta frente a la sede legislativa, donde se iba a celebrar el debate sobre los presupuestos de la Generalitat, contra los recortes en materia económica. Varios diputados fueron rodeados e insultados e incluso algunos manchados con pintura, pese al cordón establecido por la policía, mientras que otros -como el presidente de la Generalitat, Artur Mas, o la presidenta del Parlament, Núria de Gispert- tuvieron que acceder al edificio en helicóptero.