Poco que rascar

Las propuestas de Rubalcaba para mejorar la situación financiera del sistema sanitario son una muestra de las rigideces de este. Simplificando, pueden agruparse en tres categorías: aumento de la eficacia (cobrar la atención a extranjeros o a trabajadores de mutuas), las simbólicas (eliminar exenciones fiscales) y las pedagógicas (los impuestos de alcohol y tabaco).

Todas ellas tienen en común dos aspectos: son fáciles de vender y no suponen un cambio radical del sistema. Las primeras no son más que hacer bien algo que ya es posible. El problema es que para cobrar a las mutuas o a los Gobiernos extranjeros hace falta saber qué se factura. Las recientes propuestas de emitir facturas en la sombra pueden ser el primer paso en esta dirección, pero su tímida implantación demuestra que esas herramientas no están disponibles y que ponerlas en marcha no es tan fácil. Eliminar las desgravaciones, en cambio, es fácil. Pero de una capacidad recaudatoria muy limitada.

El asunto de los impuestos especiales tiene una doble lectura. Los estudios avalan que esas medidas reducen el consumo (en tabaco se calcula que cada 10% que sube el precio consigue que la demanda baje un 4%). Y eso es bueno, sanitaria y económicamente. Pero pone de manifiesto la falta de la medida que muchos –empezando por la actual ministra de Sanidad, Leire Pajín– habían pedido: un cambio en el sistema de financiación autonómica que asegure que lo que se asigna por parte del Gobierno central a sanidad es luego dedicado por las comunidades autónomas, que son las competentes, a ese concepto. Porque puede aumentarse la recaudación, pero eso no tiene por qué reflejarse en las cuentas de los sistemas de salud.

La propuesta de Rubalcaba queda a medio camino: no supone un cambio total del sistema, pero sí que está condicionada. Es decir, las comunidades deben comprometerse a emplear ese dinero -el PSOE calcula que puede llegar a 3.000 millones- a reducir la deuda si quieren cobrarlo.

Este requisito, que hasta ahora solo existe para el céntimo sanitario que puede gravar los carburantes, es indispensable. El presidente Zapatero y su vicepresidenta económica, Elena Salgado, ya han vivido lo que es asignar un dinero para deuda y no ver su efecto. Cuando después de la primera Conferencia de Presidentes de 2004 el Gobierno central aportó 3.000 millones a las comunidades para atajar el déficit sanitario, un estudio posterior del Ministerio de Economía desveló que este no había disminuido. Y es que mientras no exista una financiación finalista –que lo que se da para sanidad se gaste en sanidad–, no está garantizado que las cantidades extra que se destinen a esta partida se gasten en ese concepto. Llevar esta idea a todo el sistema sanitario implicaría cambiar el actual modelo de financiación autonómica. Eso ya se barajó en el frustrado pacto de Estado por la sanidad que naufragó esta legislatura. Pero cambiar el modelo es demasiado prometer.