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Alcaldes del PP inician su campaña postal contra Hacienda

Los Ayuntamientos reclaman a Hacienda un plazo de 10 años para pagar la deuda con el Gobierno

La alcaldesa de Valencia, Rita Barberá. Ampliar foto
La alcaldesa de Valencia, Rita Barberá. EFE

El Ministerio de Economía y Hacienda ha empezado a recibir cartas de Ayuntamientos gobernados por el PP —todas con el mismo texto— reclamando que se les conceda un plazo de diez años (en lugar de cinco) para pagar la deuda que tienen con el Gobierno. La iniciativa, lanzada por la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, está hasta tal punto concertada que ha dado lugar a episodios chuscos: la regidora de Cádiz, Teófila Martínez, firmó la carta tipo sin percatarse de que en ella se mencionaba al Ayuntamiento de Valencia. Sin embargo, la petición a Hacienda no solo es de los alcaldes del PP: muchos regidores del PSOE y la Federación Española de Municipios y Provincias la respaldan.

El dinero —unos 6.000 millones en total— corresponde a los anticipos que el Gobierno adelantó a los municipios a cuenta de la recaudación de 2008 y 2009 y que nunca llegó a recaudar porque estalló la crisis. Ahora, Hacienda tiene que recuperar esos anticipos, y los Ayuntamientos sostienen que eso les llevará al abismo. Barberá —con el apoyo expreso de la dirección nacional del PP— sugirió una rebelión en la devolución de los anticipos, pero en realidad eso es un brindis al sol: no son los Ayuntamientos los que tienen que devolver el dinero, es el ministerio el que lo va detrayendo de transferencias futuras.

Los alcaldes del PP parecen haber usado una plantilla común para la campaña postal. Al ministerio ha llegado ya una decena de cartas, todas iguales cambiando nombres y cifras. En las misivas, los alcaldes acusan al Gobierno de que su “discurso político interesado” de negar la crisis le llevó a presupuestar por encima de la realidad en 2008 y 2009, con unas “previsiones carentes de rigor”; eso hizo que se recaudara finalmente mucho menos de lo previsto y ahora haya que devolver los anticipos. La consecuencia puede ser “un serio revés en la prestación de servicios”, advierten.