Pasos adelante y contrapartidas

El comunicado del Colectivo de Presos Políticos Vascos (EPPK, en euskera) difundido el pasado viernes anunció su adhesión al Acuerdo de Gernika suscrito el 25 de septiembre de 2010 por una treintena de partidos, sindicatos y organizaciones soberanistas. En ese listado figuraban Eusko Alkartasuna, Alternatiba y los sectores de la izquierda abertzale procedentes de la disuelta Batasuna que se presentaron formando parte de la coalición Bildu a las elecciones del 22-M. Aunque salpicado de contrapartidas “intolerables” —según el fiscal general, Conde-Pumpido— exigidas al Estado, el comunicado de EPPK se une a la petición del documento de Gernika a favor del alto el fuego de ETA permanente, unilateral y verificable como expresión de su voluntad de un definitivo abandono de la actividad armada.

Pero el camino para la disolución de ETA como organización clandestina responsable de más de 800 asesinatos no está trazado de antemano. El amparo dado a esa mortífera estructura del crimen por una tupida red asociativa (electoral, sindical, cultural, mediática, juvenil y deportiva) difuminó las fronteras entre la abierta ilegalidad del brazo armado de ETA y la legalidad fraudulenta de su brazo político. Sin duda, la eficacia policial y judicial en España y Francia, así como el cansancio producido en la sociedad vasca por una lucha tan cruel como inútil, empiezan a producir fisuras en el monolitismo de la izquierda abertzale pese a su notable respaldo de votos. Pero aunque fuesen apresados todos los activistas de la organización armada y desarticulado hasta su último comando, la solidaridad familiar y vecinal con la población reclusa y la expectativa de una futura recomposición del aparato militar destruido mantendrían viva su presencia en la sociedad vasca.

Por esa razón, solo una iniciativa de abandono de la violencia nacida en el interior de la izquierda abertzale y de la propia ETA con el apoyo mayoritario de sus miembros podría asegurar la consecución de ese objetivo. Pese a los contradictorios pronunciamientos del Constitucional, el Supremo y la Audiencia Nacional sobre la sinceridad del grupo de Arnaldo Otegi al poner en marcha ese proceso a través del Acuerdo de Gernika, Bildu y Sortu, hay razones para conjeturar que el mundo de la izquierda abertzale empieza a moverse en esa dirección.

El Colectivo de Presos Políticos Vascos se adhiere un año después al Acuerdo de Gernika

Ahora bien, las promesas de abandono de la violencia del nacionalismo radical no implican la renuncia a sus objetivos programáticos. La reconciliación de la izquierda abertzale con la democracia exige como contrapartida la adopción de gestos paralelos del Estado de derecho “como primer paso del camino hacia la amnistía”. El listado del Acuerdo de Gernika incluye la derogación de la Ley de Partidos de 2002, el traslado de los presos de ETA a establecimientos del País Vasco, la excarcelación de los enfermos graves, la concesión de libertades provisionales, libertades condicionales y beneficios penitenciarios, el abandono de la doctrina Parot, la revisión de procesos judiciales y la desaparición de la Audiencia Nacional. La preparación, en suma, de una “paz sin vencedores ni vencidos” que recuerda el histórico abrazo de cristinos y carlistas en Vergara.

Una vez obtenidas esas contrapartidas, se abrirían espacios de diálogo para abordar las causas y consecuencias del abstracto “conflicto” responsable —según la izquierda abertzale— de los más de 800 asesinatos concretos ejecutados por ETA. La negociación finalizaría con un “acuerdo incluyente” entre todas las culturas políticas del país sobre el reconocimiento de la realidad nacional vasca, el derecho a decidir y la relación de Euskal Herria con España y Francia “incluida la independencia”.

A primera vista, para este viaje no se necesitaban alforjas: se trataría simplemente de conseguir por las buenas lo que la organización terrorista no logró por las malas tras casi cuatro décadas de crímenes. Sin embargo, tampoco cabe ignorar que la apuesta del Acuerdo de Gernika y del EPPK por un “definitivo abandono” de la actividad armada de ETA y por el “reconocimiento, reconciliación y reparación de todas las víctimas y la realidad de las múltiples violencias” es un paso hacia adelante.

Ciertamente, los verdugos que pagan en las cárceles el delito de asesinar al prójimo ni deben ni pueden ser equiparados con sus víctimas: la paz sin vencedores ni vencidos de Maroto y Espartero suena a un pasado tan ajeno como irrecuperable. Pero a la vez la reconciliación política y emocional dentro de la desgarrada sociedad vasca quedaría bloqueada si el vengativo espíritu de la ley del talión rompiese los delicados equilibrios que mantienen los principios de la justicia y las necesidades de la paz. El curso del tiempo y la voluntad de acuerdo tal vez puedan lograr a la larga esa cuadratura de círculo en apariencia irresoluble, siempre que el PP (llamado con toda probabilidad a ejercer el poder en la próxima legislatura) y el PSOE se planteasen el problema como una cuestión de Estado y no utilizasen la lucha contra el terrorismo como munición partidista.