El impago del IBI enfrenta al Ministerio de Trabajo con Castilla-La Mancha

El impago del IBI de los casi 80 edificios de sanidad y servicios sociales transferidos por la Tesorería de la Seguridad Social a Castilla-La Mancha ha enfrentado a su secretario de Estado, Octavio Granado, y al Gobierno regional que preside la secretaria general del PP, Dolores de Cospedal. Esta mañana un informe de de la Dirección General de la Tesorería denunciaba de que la comunidad no había cumplido con la obligación del abono de ese tributo correspondiente al ejercicio 2011 relativo a los inmuebles transferidos por esa institución y tampoco de los propios de la Junta. En el documento se alertaba de que a la Tesorería habían llegado reclamaciones por vía de apremio y amenazas de embargo por impago de los inmuebles transferidos desde 2002 a Castilla-La Mancha.

El propio Granado, confirmaba el contenido de ese informe en declaraciones a la cadena SER e insinuaba que daba “la sensación de que hay alcaldes del PP que han conjuntado actuaciones con la Consejería de Economía" para derivar a los acreedores hacia la Tesorería de la Seguridad Social para cobrar el IBI. Aseguraba también que los impagos se habían comenzado a producir desde el pasado 22 de mayo cuando el PP arrebató la Junta al Gobierno socialista de José María Barreda.

La Consejería de Economía de Castilla-La Mancha ha desmentido categóricamente el contenido de ese informe a través de un comunicado en el que se recalca que "ningún órgano recaudador del impuesto ha requerido el pago a través de la vía de apremio al Gobierno de Cospedal por deudas vencidas durante su mandato". Una afirmación que, según fuentes de la Seguridad Social, confirma las sospechas de Granado de una actuación concertada entre el PP en la Junta y Ayuntamientos.

El escrito de la Consejería sí reconoce impagos del IBI pero los achaca al Gobierno anterior del socialista José María Barreda. Indica que las únicas notificaciones de apremio corresponden a inmuebles de la provincia de Albacete y responsabiliza de la obligación de pago a Barreda porque "el período de pago finalizó el 20 de junio, antes de la fecha de la toma de posesión" del Gobierno de Cospedal. Además se destaca que el PSOE dejó a deber 1.176.488,18 euros en concepto de IBI.

Las mismas fuentes de la Seguridad Social desmienten el desmentido y han facilitado a este periódico notificaciones de apremio que se refieren no sólo a Albacete, sino también a Guadalajara y a la provincia de Toledo cuyo plazo de voluntario acaba en julio, septiembre y octubre, mucho después de que Cospedal tomara posesión. En cuanto a los casi dos millones de euros que la Junta denuncia que Barreda tenía pendiente de pago, se considera una cantidad ajena a la seguridad Social que no se han requerido de apremio a la Tesorería General.

La Consejería de Economía va más allá y en el comunicado puntualiza que es la Tesorería quien adeuda al Ayuntamiento de Ciudad Real más de dos millones de IBI por el Hospital General de Ciudad Real, cuyo traspaso a la Junta no consta en el Decreto de Transferencia. El asunto está pendiente de un procedimiento judicial, iniciado en tiempos de Barreda, pero desde la Tesorería se asegura que de facto la Junta está ocupando el edificio desde hace varios años por lo que debería ser ella quien hiciera frente al pago.

Mientras la espiral de desmentidos se hace más grande, el hecho es que desde la Consejería no se ha aclarado si la Junta va a abonar el IBI de los edificios transferidos y si va a pedir que se paralicen las providencias de embargo de los Ayuntamientos del PP y en el Ministerio se recela de que verdaderamente tenga intención de pagarlo.

Pensiones en peligro

Aunque los bienes de la Seguridad Social son inembargables, desde el Ministerio alertan de que los apremios y las amenazas de embargo pueden llegar a provocar un retraso en el abono de pensiones, la única competencia que resta a la Seguridad Social. Las cuentas, explican, corren el riesgo de quedar retenidas entre el lapso de tiempo que media desde que llega la mencionada solicitud de embargo hasta que se clarifica la situación.

Según el artículo 81.1 del Texto Refundido de la Ley de la Seguridad Social, “la titularidad, adscripción, administración y custodia del patrimonio de la Seguridad Social corresponde a la Tesorería General”. Pero el pago de las obligaciones tributarias que afecten a los inmuebles adscritos o transferidos a otras Administraciones públicas, así como la realización de reparaciones necesarias o las obras de mejora corresponden a estas últimas. La recaudación del IBI corresponde a los Ayuntamientos en los que esté radicado el bien inmueble pero su abono es responsabilidad de la comunidad autónoma correspondiente.

Los bienes de la Seguridad Social son inembargables

En la actualidad la Tesorería solo paga el IBI de las oficinas que dicha institución tiene en las ciudades, el del Instituto Nacional de la Seguridad Social y el del Instituto Social de la Marina. Se trata de un pago anual que se realiza a principios de diciembre en virtud de un acuerdo con la FEMP. La cantidad de este año, según fuentes de la Tesorería, asciende a 13,5 millones de euros.

El PSOE ha exigido a la actual presidenta de la Junta dé explicaciones urgentes y una solución inmediata al asunto y ha calificado la situación de “insumisión” por parte de la Junta que “ha dejado de pagar a los dependientes y a las viudas”. Su secretario de Organización, José Manuel Caballero, ha recordado la alusión del informe a que los impagos del IBI han comenzado a producirse con el nuevo Gobierno regional del PP: “No vale, por tanto, en este asunto, echar balones fuera o culpar a la herencia recibida. Barreda pagó siempre el IBI, como pagó siempre a las viudas, a las farmacias o a los dependientes”. Por su parte, el consejero de Sanidad, José Ignacio Echániz, responsable de solicitar la ejecución de los pagos del impuesto sobre los edificios denunciados en el informe de la Tesorería de la Seguridad Social, ha reconocido “no estar al corriente” de los hechos que se denuncian en ese documento.