La Junta renuncia a expurgar las actas de los ERE y las entregará todas e íntegras

El Gobierno andaluz entregará todas las actas a la juez que investiga el fraude en los expedientes de regulación de empleo (ERE) de Andalucía, donde se han detectado beneficiarios que no trabajaron en empresas ayudadas, conocidos como intrusos, y subvenciones directas a empresas que no cumplían los requisitos establecidos.

La magistrada, Mercedes Alaya, reclamó todas las actas del Consejo de Gobierno de la Junta desde 2001. La intención es averiguar si los consejeros de empleo y el resto del Ejecutivo conocían las irregularidades. Inicialmente, la Junta se opuso alegando que son secretas. El cruce derivó en un conflicto que resolvió ayer el Supremo, que permite a la juez tener acceso a la documentación y a la Junta hacer una selección motivada de aquella que considere sensible.

Sin embargo, y después de haber alegado contra la decisión inicial, la Junta no aprovechará ahora el permiso del Supremo y entregará a la titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla "el 100% de las actas, sin excluir ni una coma".

La consejera de Presidencia de la Junta, Mar Moreno, argumenta ahora que “el Gobierno andaluz no tiene absolutamente nada que ocultar”. Y ha justificado su actitud previa: “Lo que queríamos hacer es defender el fuero y eso es exactamente lo que hemos hecho".

Las actas, según Moreno, "ya están a disposición" de la magistrada y el traslado solo está pendiente de una "cuestión procesal".

La consejera andaluza ha insistido en que la resolución del Supremo "dice con claridad que cualquier Gobierno puede excluir de forma motivada cualquier deliberación, informe o documentación que no forme parte estrictamente de los acuerdos adoptados y que se reflejan en las actas, pero no lo vamos a hacer en aras de la transparencia porque pleiteábamos por el fuero".

"El presidente Griñán lo tiene absolutamente claro, actas al 100% sin ninguna exclusión aunque tengamos la potestad de hacerlo", ha concluido Moreno.