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La amenaza de colapso económico lleva al Gobierno valenciano a buscar pactos

El presidente de la Generalitat convoca a la oposición a negociar políticas de empleo, educación o sanidad

La oposición quiere una rectificación de la política del PP en el Consell

Alarte critica la falta de propuestas y la lentitud de Fabra para buscar acuerdos

Bauzá se reúne con Fabra y Valcárcel. Ampliar foto
Bauzá se reúne con Fabra y Valcárcel. EUROPA PRESS

La penosa situación económica de la Generalitat, que, como recordó ayer el líder socialista, Jorge Alarte, reflejó el consejero de Hacienda y Administración Pública, José Manuel Vela, en una entrevista publicada por EL PAÍS el pasado domingo, en la que reconocía que no podría pagar vencimientos de deuda de miles de millones sin ayuda del Estado, se agudiza por momentos y fuerza al Consell que preside Alberto Fabra a pedir árnica. Ayer mismo, mientras algún consejero, como el de Justicia y Bienestar Social, Jorge Cabré, todavía mantenía el tono altanero y victimista del PP de los últimos años, la vicepresidenta Paula Sánchez de León enviaba a los portavoces de la oposición un escrito que los cita el lunes a negociar políticas de empleo, educación, sanidad, urbanismo, infraestructuras o reorganización de la Administración.

El socialista Alarte, tras recordar las declaraciones de Vela y calificar de “muy preocupante” la situación económica, acababa de acusar a Fabra de ser “incapaz de tomar decisiones ni de liderar nada”. Alarte aseguró en los pasillos de las Cortes: “Supongo que el presidente no debe dormir”. El secretario general del PSPV-PSOE desveló acto seguido que Sánchez de León le había dicho en la cafetería que tenía preparado un “cronograma”. La vicepresidenta lo confirmó unos minutos después. El Consell plantea a la oposición una “hoja de ruta” para llegar a consensos básicos en asuntos que “deben escapar al debate político y deben estar por encima de la contienda de los grupos”. La invitación, en realidad, afecta a la prática totalidad de la política del Consell, aunque la oposición cree que la propuesta no expresa el cambio de rumbo que exige la situación.

Sánchez de León restó importancia a la rebaja de la calificación de la deuda de la Generalitat por parte de la agencia Fitch. “Tenemos la misma situación que otras comunidades autónomas”, alegó. Sin embargo, reconoció, en un tono exento de cualquier atisbo de triunfalismo: “Hay una situación financiera complicada en la que todos tenemos que tener conciencia, asumir responsabilidades y tomar medidas para, cuanto antes, poder entrar en la senda de la recuperación”.

El Consell necesita que la oposición asuma la responsabilidad de algunas de las políticas de ajuste que se resultan cada vez más perentorias. La vicepresidenta recuerda en la carta que envió a los portavoces parlamentarios las reuniones que mantuvo el presidente del Consell, Alberto Fabra, el pasado 1 de septiembre con los líderes del PSPV-PSOE, Coalició Compromís y Esquerra Unida, apunta que existen condiciones para “encontrar ese espacio de acuerdo en algunas materias básicas” y propone medidas en la línea de las que ya apuntó Fabra en aquel momento, sobre empleo, financiación, residuos, infrastructuras y reorganización de un sector público que incluye Ràdio Televisió Valenciana.

La intención del Consell es aportar el lunes en la reunión documentos más elaborados sobre los temas propuestos. En el Gobiernro valenciano son conscientes de que algunos asuntos ofrecen más margen de maniobra que otros y que en unos casos el marco de negociación que conviene es el Parlamento y en otros, la mesa con representantes de los partidos.

Pero la oposición no está dispuesta ni a entregar un cheque en blanco ni a maquillar las dificultades que atraviesa el modelo político aplicado por el PP en la Generalitat los últimos 16 años, expansivo en el gasto, clientelar en el funcionamiento y opaco al control parlamentario. “Vamos a escucharles”, dijo Alarte, tras asegurar que el documento “está vacío de propuestas, repleto de generalidades y llega con dos semanas de retraso”. La portavoz de Esquerra Unida, Marga Sanz, criticó la “maniobra dilatoria” en la propuesta.