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El nuevo impuesto gravará a 160.000 patrimonios de más de 700.000 euros

Rajoy: "No me gusta. Conozco a gente que ha heredado una casa y vive de esa renta"

El Gobierno calcula que la recuperación del tributo permitirá recaudar 1.080 millones

También aumenta el mínimo exento por vivienda habitual a 300.000 euros

Las comunidades seguirán recibiendo la compensación por la supresión del gravamen

La recuperación del impuesto de patrimonio afectará a unos 160.000 contribuyentes, según ha concretado hoy la vicepresidenta del Gobierno, Elena Salgado. El Ejecutivo, que aprobará la medida en Consejo de Ministros de mañana, ha decidido elevar el mínimo que exime de pagar este tributo de los 108.000 euros actuales a 700.000 euros por persona. Junto a ello, eleva el mínimo exento por vivienda habitual hasta los 300.000 euros, con lo que tendrán que volver a declarar por patrimonio los contribuyentes con unos bienes totales cuyo valor supere el millón de euros.

La medida, tal y como ha añadido la también ministra de Economía, de momento solo estará en vigor en 2011 y 2012. El líder de la oposición ya se ha pronunciado al respecto: "No me gusta. Conozco a gente que ha heredado una casa y vive de esa renta. Dudo de su justicia", ha comentado Mariano Rajoy. Sobre las palabras del candidato socialista, Alfredo Pérez Rubalcaba, en las que admitía que habría que haber hecho antes la reconversión del sistema financiero, Salgado ha defendido que de haber conocido las características de la crisis, muchas cosas se hubieran hecho de manera distinta.

Según los cálculos del Gobierno, la recuperación del impuesto de patrimonio, que ha sido reformulado frente a la versión previa a su suspensión en 2008 para gravar solo a grandes patrimonios, permitirá recaudar unos 1.080 millones de euros si se aplica con los mismos parámetros en toda España. Estas proyecciones se han realizado con las declaraciones del ejercicio 2007, el último en el que se exigió el impuesto, que está cedido a las comunidades. En aquel ejercicio, el Estado recaudó 2.121 millones de euros, aproximadamente el doble de lo que prevé ingresar ahora.

Pese a esta menor recaudación, Salgado ha garantizado que las comunidades no perderán ingresos y seguirán recibiendo los 2.100 millones de euros que ahora cobran de la Administración central en compensación por la supresión del impuesto. Incluso podrán ingresar mucho más si aplican el nuevo impuesto, ya así tendrán derecho a recibir la parte proporcional que les corresponda de los 1.080 millones de recaudación. No obstante, la ministra ha aclarado que las autonomías que de una manera voluntaria decidan no aplicar el gravamen no recibirán ninguna compensación extra por lo que dejen de ingresar. La vicepresidenta ha añadido que si una región baja un impuesto que puede aplicar, no hay por qué compensarle.

La razón de esta duplicidad de ingresos, según ha explicado Salgado, es que con el real decreto que se aprobará mañana no puede modificar la ley que establece la compensación a las comunidades y, por eso, mantendrá el pago de los 2.100 millones como hasta ahora. Lo que sucederá es que las autonomías rebeldes que no apliquen a partir de ahora el impuesto para ricos, tendrán que explicar a sus ciudadanos por qué no establecen el nuevo tributo y por qué rechazan esos ingresos adicionales, mientras tienen que adoptar recortes en partidas sociales. Los 1.080 millones de liquidez que se obtendrá con la recuperación del tributo irán a parar en su totalidad a las comunidades y el Estado no recibirá nada, por lo que la recuperación del impuesto no supondrá ningún ingreso adicional para las arcas de la Administración Central.

Más de la mitad del impuesto se recauda en Cataluña y Madrid. Preguntada la vicepresidenta sobre si existía algún plan para reordenar los ingresos entre las comunidades que menos reciban, Salgado ha dicho que "no hay nada previsto" sobre este tema.

La vicepresidenta ha destacado que el nuevo mínimo exento supone multiplicar por siete el anterior, "lo que excluye del gravamen a las clases medias, que eran en gran medida quienes lo soportaban hasta que se eliminó en 2008". De hecho, de los 900.000 contribuyentes que pagaron el impuesto de patrimonio en 2007, las 233 personas más ricas supusieron el 5,4% de la recaudación. Si se amplía el rango, los 4.000 primeros y que tenían más de seis millones de patrimonio de forma individual aportaron el 20% de la recaudación, ha recordado Salgado en referencia a que hay mucha concentración de rentas altos en un número pequeño de personas.

Según ha añadido, "la adopción de esta medida tiene como principal objetivo reforzar la estabilidad presupuestaria, de acuerdo con el principio de equidad", aunque al Estado no le supondrá una mejora de ingresos. Sobre la razón de que solo esté previsto aplicarlo durante solo dos ejercicios, Salgado ha argumentado que es porque en este periodo es cuando se prevé hacer el mayor esfuerzo para cumplir con los objetivos de déficit. También ha explicado que, en caso de que que el PSOE gane los comicios, "el próximo Gobierno socialista podría hacer una nueva ley sobre la riqueza, tal y como está en el programa, y que se redactara en 2012 y entrara en vigor en 2013". "Esa nueva norma mejoraría lo que hay ahora", ha añadido en referencia al impuesto actual reformulado. Con vistas al futuro, también ha avanzado que no está previsto que vayan a modificar otros impuestos en el Consejo de Ministros de mañana.

Junto al incremento del mínimo total para no pagar el tributo, el Gobierno ha elevado también el mínimo por vivienda habitual de los 150.000 euros a los 300.000. Según ha explicado Salgado, se ha optado por duplicarlo por el encarecimiento de los inmuebles. Por tanto, tendrán que pagar este impuesto los contribuyentes que tengan bienes de forma individual —no familiar— por más de 700.000 euros sin contar con los primeros 300.000 euros correspondientes al valor de la vivienda habitual.

Por último, Salgado, que mañana acudirá a la reunión de los ministros de Economía de los países del euro, ha dicho que no cree que haya "ninguna dificultad" para que esta norma sea aprobada en el Parlamento.

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